El Congreso otorga idoneidad a cuatro de los juristas para el CGPJ con la ausencia de UpyD, que lo llama “pantomima”

Los grupos parlamentarios del PP, el PSOE, Izquierda Plural, CiU y PNV otorgaron este viernes el carácter de idóneos a los cuatro juristas cuyos nombres fueron pactados el pasado martes para ser parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dentro del cupo que corresponde a la cámara baja. La única discrepancia ha sido manifestada por UpyD, cuya representante Irene Lozano ha abandonado la Comisión de Nombramientos en protesta por lo que considera una “pantomima” por el reparto de cuotas de los partidos en el órgano de gobierno de los jueces.

Los juristas de reconocido prestigio que han comparecido son Nuria Abad, propuesta por el PP; Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE y expresidente de la Comisión de Justicia en el Congreso; Concepción Saéz Rodríguez, secretaria judicial promovida por Izquierda Unida; y Enrique Lucas, catedrático y abogado auspiciado por el PNV, que trabajó para los Gobiernos nacionalistas del País Vasco.

Lozano ha manifestado su discrepancia con el sistema de elección de los consejeros del Poder Judicial dentro de la Comisión y también antes, ante la los medios de comunicación, a los que ha señalado que el trámite de este viernes es “lamentable porque es una pantomina, un teatro” ya que los nombres están pactados de antemano.

El resto de diputados presentes en la sesión censuraron duramente su conducta y defendieron la legitimidad del sistema parlamentario para la elección de los vocales del poder judicial.

Los diputados Emilio Olabarría (PNV), Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), Julio Villarubia (PSOE) José Miguel Castillo (PP) y Montserrat Surroca (CiU) adelantaron verbalmente durante el desarrollo de la sesión su disposición a otorgar la idoneidad a los comparecientes, se interesaron por su currículum y especialmente por su visión y proyecto para el órgano de gobierno de los jueces en el caso de que sean designados por el Pleno del Congreso el próximo martes.

La abogada del Estado Nuria Abad, la primera en comparecer, rechazó que se pueda hablar de servilismo a los partidos por el hecho de que su nombre haya sido pactado por los grupos y adelanto qué, como miembro de los servicios jurídicos del Estado -jefa de la Abogacía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, podrá aportar su experiencia sobre cuestiones prejudiciales europeas que en último término afectarán a los jueces españoles. Ha dicho también que incidirá en la modernización y ha expresado gran interés en la necesidad de avanzar en su formación.

LEGITIMIDAD DEL PROCESO

Por su parte, el ex diputado del PSOE Álvaro Cuesta ha relatado ante la Comisión su larga experiencia como abogado y ha recordado que no ocupa en la actualidad ningún cargo político. Ha expresado igualmente que tuvo el “privilegio” de trabajar en la ponencia de la anterior ley reguladora del CGPJ y que cree “intolerable” que se “albergue sospecha” de iletgitimidad sobre las cesiones de la Cámara, en alusión a las críticas que desde diferentes ámbitos ha recibido el proceso de renovación de este órgano.

Fuera de la Comsión, Cuesta ha señalado a los medios de comunicación que él está disponible para formar parte de la Comisión Permanente del CGPJ -que contará únicamente con cinco miembros, más el presidente-, aunque prefiere esperar a su designación para manifestarlo formalmente.

También ha dicho el exdiputado que su militancia va a ser la “defensa de la independencia judicial” aunque no por ello renunciará a su militancia en el PSOE, ya que se trata de una cuestión conocida por todos y que no interferirá en su labor en órgano de gobierno de los jueces. De esta instittución, ha dicho que es un órgano político porque carece de jurisdicción, es decir, sus miembros no juzgan, sino que son un “instrumento de defensa del poder judicial”.

Por su parte Concepción Sáez, secretaria judicial que será designada a propuesta de IU, ha incidido en su vocación de servicio público y ha afirmado que llevará al CGPJ su visión y experiencia sobre algunos asuntos del “día a día” en los juzgados españoles, entre los que destacó el “drama de las tasas judiciales”, que han logrado una recaudación “irrisible” si se tiene en cuenta el presupuesto total para Justicia pero “están dificultando el acceso” de los ciudadanos a los tribunales. “No se ha reflexionado suficiente”, ha dicho.

El último en comparecer ha sido Enrique Lucas, que entrará en el Consejo a propuesta del PNV, quien ha presentado sus credenciales como abogado durante más de treinta años y ha subrayado igualmente la importancia de la formación de los miembros de la carrera judicial. Lucas ha manifestado que siempre ha procurado mantener una “actitud constructiva” y es partidario de encontrar soluciones mediante el diálogo.

Los 20 candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán votados el próximo martes en el Pleno del Congreso y al día siguiente se hará lo propio en el Senado y, una vez que tomen posesión, tendrán entre 3 y 7 días para elegir a su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo.

En total, Congreso y Senado deben elegir a doce vocales de entre**jueces y magistrados de carrera, seis por cada cámara, así como a otros ocho vocales, cuatro y cuatro, de entre juristas de reconocida competencia.

La votación, mediante papeleta depositada en urna, requiere mayoría cualificada (tres quintos de cada Cámara), lo que exigía un acuerdo que incluyera al menos a los dos grupos mayoritarios.

En cuanto a los vocales procedentes de la carrera judicial, no habrá examen parlamentario pues los candidatos fueron proclamados por la Junta Electoral Central. El CGPJ envió en verano a las Mesas de ambas cámaras la lista con los aspirantes avalados por asociaciones y otros compañeros de la carrera judicial. Antes de la votación, los partidos ya comunicarán a sus diputados a quienes deben votar de entre esos 54 aspirantes.