El Gobierno en funciones de Rajoy, ocho meses sin control
La nueva legislatura ha echado a andar con los mismos o parecidos conflictos que la anterior, que apenas duró cinco meses. La actividad de la Cámara está centrada estos días en las negociaciones para la posible investidura de Mariano Rajoy, que sigue ejerciendo como presidente en funciones. Esa circunstancia continúa impidiendo que los grupos de la oposición pueda ejercer su labor de control al Gobierno. Tanto el jefe del Ejecutivo como sus ministros volverán a negarse a acudir al Congreso a rendir cuentas, al igual que hicieron en la anterior legislatura. El Gobierno tampoco contestará a las preguntas escritas.
Jurídicamente, la decisión de que acudan a las Cámaras está en manos del Tribunal Constitucional (TC), que sigue sin resolver el recurso sobre el conflicto de competencias que presentó el Congreso contra el Ejecutivo y que fue admitido a trámite el 23 de junio. Pero el TC no reanuda su actividad hasta septiembre por lo que, de momento, no habrá sentencia.
Este recurso fue impulsado por los grupos de la oposición que comprobaron indignados cómo, además del propio Rajoy, varios ministros en funciones se declaraban en rebeldía y no acudían a las comparecencias solicitadas en sus respectivas comisiones para dar explicaciones sobre sus departamentos.
Uno de los primeros plantones lo dio la exministra de Fomento, Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso, y de cuya “voluntad política” dependerá que no ocurra de nuevo lo mismo, según fuentes parlamentarias. Entonces, Pastor tenía pedidas nueve solicitudes de comparecencia, una de ellas para que diera explicaciones sobre las contrataciones con empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica. No apareció. Días antes, el titular de Defensa, Pedro Morenés, también se había declarado en rebeldía, dejando su silla vacía.
Tampoco acudió a la Cámara la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que varios grupos requerían para que diera cuenta de la evolución del empleo y la utilización de la hucha de las pensiones. Ni el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, al que se le pedían explicaciones por varios frentes que tenía abiertos. Entre otras cosas, por las palabras que cuestionaron las actuaciones judiciales contra el PP o por la investigación policial del ático de Ignacio González.
Antes de la constitución de las nuevas Cortes, el ministro en funciones ya se libró de dar explicaciones sobre el escándalo que supuso la publicación de unas conversaciones suyas con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, encaminadas a recabar datos contra los partidos nacionalistas catalanes. La Mesa de la Diputación Permanente, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó por unanimidad la comparecencia pedida por otros grupos.
Fernández Díaz sigue estando en el punto de mira en esta nueva legislatura. Y por el mismo motivo. Varios grupos han registrado ya la petición de comparecencia para que explique en el Congreso este turbio asunto. El PSOE incluso ha solicitado la creación de una comisión de investigación por esa supuesta conspiración dirigida desde el Ministerio del Interior contra partidos y dirigentes nacionalistas catalanes y de la oposición.
Pero todas estas peticiones, así como la celebración de las habituales sesiones de control al Gobierno, van a quedar paralizadas hasta que el Constitucional resuelva el contencioso.
A partir de la presentación del recurso, a finales de junio, comenzó a correr el plazo de un mes para que el Gobierno presentara sus alegaciones de modo que en dos meses hubiera sentencia. Pero agosto no es un mes hábil para el Alto Tribunal por lo que la Cámara Baja seguirá sin poder controlar al Ejecutivo, salvo que el propio Gobierno decida acudir al Congreso voluntariamente, algo poco probable.
No obstante, julio y agosto están siendo muy activos políticamente. Todas las miradas están pendientes ahora de la fecha del hipotético pleno de investidura de Mariano Rajoy y de las negociaciones que ha iniciado el líder del PP para buscar apoyos. Hasta entonces no se espera mucha actividad a la espera de que las Comisiones comiencen a constituirse.
Mesa y Diputación Permanente
La semana que viene habrá una reunión de la Mesa del Congreso para abordar el calendario de constitución de las Comisiones y la convocatoria de una Diputación Permanente, donde se comenzará a trabajar sobre las iniciativas de los grupos.
Tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos han registrado durante estos días numerosas propuestas. Los socialistas se estrenaron al día siguiente de la constitución del Congreso con una batería de 15 iniciativas. Entre otras cosas, y además de la exigencia ya citada de que se investigue el caso de Interior, piden la creación en el Congreso de una subcomisión para estudiar los efectos que pueda tener el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en las relaciones bilaterales, en las empresas y en los españoles residentes en este país.
Los socialistas han solicitado que se reactiven las ayudas para la dependencia, una ley sobre igualdad salarial o derogar el llamado “impuesto al sol”. También quieren que se ponga en marcha otra subcomisión para empezar a discutir un gran pacto educativo entre todos los partidos.
Asimismo, quieren que comparezca el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique la ejecución presupuestaria de este año, y el titular de Economía, Luis de Guindos, para que informe sobre la multa que la Comisión Europea amenazaba a España y que ha sido suspendida por el momento.
La ultima iniciativa del PSOE ha consistido en una pregunta escrita sobre la pensión con el 80% de su sueldo que el exministro de Industria, José Manuel Soria, va a recibir durante dos años por haber ostentado ese cargo.
Podemos ha anunciado que solicitará la apertura de una investigación en el Congreso “para determinar el impacto de las puertas giratorias” sobre los procedimientos relativos a Doñana y el proyecto gasístico.
Ciudadanos, a su vez, ha presentado tres proposiciones no de ley (PNL). Una “para la inclusión de formación sobre propiedad intelectual en el currículo escolar”, para su debate en la Comisión de Educación. Otra, para que España se sume a la elaboración de un plan de acción dispuesto en la 38 Conferencia General de la UNESCO, creando los llamados “cascos azules de la cultura”, una unidad de movilización rápida de expertos nacionales que actúe bajo el amparo de la ONU en tiempos de conflictos o catástrofes, que va destinada a la Comisión de Cultura. Y una tercera, relativa a “la promoción de un Plan Estratégico de los Caminos de Santiago en España”, también para su debate en la Comisión de Cultura.
El único pleno que podría convocarse antes de que haya Gobierno sería para debatir y aprobar el techo de gasto. El artículo 21 de la Ley del Gobierno señala que “un Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia, cualesquiera otras medidas”. En el apartado de “casos de urgencia” entraría el techo de gasto, paso previo a la aprobación de los presupuestos generales del Estado que deben ser enviados a Bruselas.
El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy, en el documento de alegaciones enviado a la Comisión Europea para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit se comprometió a cerrar las cuentas de 2017 antes de que acabara julio. Pero ya ha incumplido ese plazo.
