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El Congreso debate este martes la recuperación de los días de permiso para jueces, fiscales y personal de Justicia
El Congreso de los Diputados debatirá este martes la posibilidad de que los jueces, magistrados, fiscales, letrados de Administración de Justicia --anteriormente denominados secretarios judiciales-- y personal de la Administración de Justicia recuperen los días de permiso que fueron suprimidos en 2012 por la crisis económica.
Los grupos parlamentarios manifestarán su posición sobre la Proposición de Ley para reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada por el PP, que pretende revocar la restitución de estos días de libranza que fueron eliminados “en consonancia con un momento particularmente delicado de la situación económica nacional” para conseguir “determinados objetivos de eficiencia y contención del gasto público”.
Según dice el texto registrado por los 'populares', ahora se puede restablecer las condiciones que “regían antes de la crisis económica”. De esta forma, el PP propone modificar tres artículos de la LOPJ para que los jueces y magistrados recuperen los días adicionales por razón de antigüedad, así como los 18 días de permisos por asuntos propios.
En cuanto al resto del personal de la Administración de Justicia, se restituirá la situación prevista antes de las medidas adoptadas por la crisis económica; es decir, tendrán los mismos días de permisos que los funcionarios de la Administración General del Estado y nueve días de asuntos propios.
El Grupo Parlamentario Popular subraya la necesidad de que en la modificación de la normativa se incluya las cuatro semanas de permiso de paternidad establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, “sería aconsejable” introducir mejoras “de manera inmediata” en todo lo que afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) ya ha rechazado esta iniciativa parlamentaria al considerarla “demagógica” e “insuficiente”. Según explican en un comunicado, creen que es una medida “necesaria” pero demuestra una “absoluta falta de diálogo institucional” porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, siempre ha considerado este colectivo una “simple 'extensión' de la carrera judicial y resto de personal, sin voz ni voto” sobre los derechos laborales y profesionales.
