El Congreso avala la regulación del CGPJ que modifica la norma de Gallardón

El Pleno del Congreso ha avalado hoy, con los únicos votos del PP, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobado hace un año y medio en el proyecto impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Con 180 votos a favor, 131 en contra y dos abstenciones, la Cámara ha aprobado el proyecto, que ahora continuará su tramitación en el Senado, que eleva de cinco a siete los vocales asignados a la Comisión Permanente del CGPJ, elimina la obligatoriedad de que una mujer presida la Comisión de Igualdad e introduce la paridad para este órgano, pero no para el resto de comisiones del Consejo.

Al respecto, todos los grupos de la oposición han criticado al PP “por enmendar su propia ley”, en alusión a la reforma del CGPJ aprobada en noviembre de 2013, y “dotar de más poder” al presidente del órgano de gobierno de los jueces en detrimento del Pleno del Consejo.

El diputado popular Jose Miguel Castillo ha explicado que los cambios proceden de las “recomendaciones” incluidas en un informe del propio Consejo que aboga, entre otras cosas, por la supresión de la obligatoriedad de que una mujer presida la Comisión de Igualdad.

No obstante, se ha defendido de las críticas a su formación por la ausencia de una política de igualdad al recordar que la reforma se centra en “reforzar e incorporar” nuevas medidas de lucha contra la violencia de género.

Asimismo, ha destacado que el texto incorpora 60 de las 297 enmiendas presentadas, entre ellas, una que incrementa del 5 al 7 por ciento el cupo para personas discapacitadas en la administración de Justicia.

Por su parte, la diputada socialista Rosa Aguilar ha acusado a los populares de enmendar la norma de Gallardón sin dar motivos. “No digan que los cambios se deben a un informe de CGPJ porque no es así”, ha destacado.

Y ha advertido de que las modificaciones que afectan a los secretarios judiciales van más allá de un cambio en su denominación, al llamarse 'letrados de la Administración de Justicia', puesto que “esconden un ERE encubierto similar al que sufrieron 700 jueces y 300 fiscales”.

Desde la Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha acusado al Gobierno de diseñar una reforma en favor de los grandes despachos de abogados y ha rechazado la nueva regulación del CGPJ. “No contentos con el plan de Gallardón otorgan una concentración de competencias al presidente del Tribunal Supremo”, ha señalado.

Carlos Martínez Gorriagán (UPyD) ha lamentado que el Gobierno no modifique el proceso de designación de vocales del Consejo ni que tampoco aumente una mayor dotación de medios en los juzgados. “Hay juzgados de una cutrez tercermundista donde los lavabos son utilizados como archivos”, ha denunciado.

Por su parte, tanto Jordi Jané (CiU) como Emilio Olabarría (PNV) han lamentado que la nueva configuración del CGPJ refuerce más a la Comisión Permanente que al Pleno y han abogado por invertir la tendencia.

Ambos han reclamado más competencias para las comunidades autónomas en materia de Justicia y han insistido, una vez más, en la implantación de los Consejos Autonómicos del Poder Judicial, que se han convertido en “órganos fantasma”.

Sobre este asunto, Castillo (PP) ha precisado que su creación “es una opción legislativa y no una obligación”, al tiempo que ha subrayado que para su partido “resulta más coherente que el poder judicial sea gobernando por órgano constitucional único”.

Por otra parte, la Cámara ha dado luz verde con una amplía mayoría al proyecto de ley que regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, órgano de la Unión Europea (UE) encargado de reforzar la cooperación judicial, por lo que ahora pasa al Senado para su debate y aprobación.