El Congreso salvadoreño aprueba reorientar 33 millones de dólares para pensiones

El Congreso de El Salvador aprobó hoy destinar al pago de pensiones 33 millones de dólares excedentes de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

La aprobación, con 76 votos de 84 posibles, se efectuó tras la petición del presidente, Salvador Sánchez Cerén, quien presentó este martes una iniciativa en la Asamblea Legislativa para reorientar los 33.064.904 de dólares, “excedentes de la SIGET y CEPA”, y financiar el Fondo de Amortización del Sistema de Pensiones Público.

El Gobierno salvadoreño se declaró en impago de pensiones el 7 de abril pasado, tras no alcanzar en el Congreso los votos necesarios para autorizar una emisión de 70 millones de dólares en bonos.

Para evitar repetir esta situación, los diputados de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dieron en esta oportunidad su voto favorable con la condición de que “el Gobierno no haga más recortes para obtener el total de lo que se necesita, que son 48 millones, para evitar caer en impago” en octubre próximo.

Los legisladores del Partido de Concertación Nacional (PCN) y de la Gran Alianza Nacionalista (GANA), quienes también votaron a favor de la iniciativa, exigieron al Gobierno “gestionar mejor los fondos y no repetir los mismos errores otra vez”.

La aprobación se completó con los votos del partido oficialista -Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes agradecieron a la oposición su “voluntad y sus votos para resolver, momentáneamente, esta situación”, cuya resolución definitiva reside en una reforma integral del sistema de pensiones.

El Gobierno pretende que se reforme la legislación para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estén obligadas a prestar hasta el 50 % de los ahorros de los trabajadores a un fideicomiso administrado por un banco estatal. Actualmente el techo de ese mecanismo es del 45 %.

El Congreso, a petición del Gobierno, creó en 2006 el Fideicomiso de Inversión Previsional (FOP), cuyos títulos valores están obligadas a adquirir las AFP por un monto superior a los 400 millones de dólares anuales.

Con este ingreso el Estado paga las pensiones de los jubilados de un sistema abandonado en 1998 y los primeros del actual.

Este mecanismo de financiación le ha generado al Estado salvadoreño una deuda de 5.700 millones de dólares con las AFP.

Según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), desde que se formó el FOP, el Gobierno ha pagado a las AFP un total de 1.016 millones de dólares, de los que 569 son por intereses y 447 de amortización de capital.