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El Congreso da marcha atrás y no acogerá el acto con víctimas de ETA y GAL que había autorizado

La Mesa del Congreso ha dado este martes marcha atrás y ha revocado la decisión que adoptó el pasado 7 de abril de autorizar la celebración en la Cámara Baja de un acto público en el que se iban a reunir víctimas de ETA y de los GAL.

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El Congreso da marcha atrás y no acogerá el acto con víctimas de ETA y GAL que había autorizado

Según han informado fuentes parlamentarias, PP y PSOE han unido sus votos en el órgano de gobierno del Congreso para retirar aquel permiso a la vista del informe jurídico que había encargado al respecto el presidente, Jesús Posada, después de que los dos grupos mayoritarios, UPyD y el UPN, se opusieran a que ese evento tuviera lugar en la sede parlamentaria.

El pasado 7 de abril la Mesa del Congreso --donde están presentes PP, PSOE y CiU-- dio vía libre a la cesión de la Sala Ernest Lluch para celebrar la segunda edición de unas jornadas 'En favor de la paz y la convivencia en Euskal Herria', organizadas por la Parroquía madrileña San Carlos Borromeo.

LO PIDIERON CUATRO GRUPOS

Entonces la Mesa aplicó el criterio general de que si un grupo parlamentario solicita autorización para que se ceda una sala del Congreso, se le da, sin entrar a valorar el contenido del encuentro de cuyo desarrollo, eso sí, se hacen responsables los grupos que solicitaron el permiso. En este caso no fue un grupo, sino cuatro: Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV y el Grupo Mixto (del que forman parte ERC y Amaiur).

Ese fue el argumento que defendió Posada cuando el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, le remitió un escrito quejándose de que se hubiera dado vía libre a la celebración de un acto auspiciado, entre otros, por la coalición abertzale.

Tras reafirmar inicialmente Posada la autorización dada por la Mesa, Hernando planteó el asunto el pasado 5 de mayo en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, un foro en el que también expuesieron sus reparos los socialistas, UPyD y el diputado de UPN, Carlos Salvador.

Fue entonces cuando Posada encargó el informe jurídico que este martes ha analizado la Mesa del Congreso y en el que se ha basado para reconsiderar su primera decisión y no ceder la sala a los organizadores del polémico acto.

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