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Consejeros insisten en la “transparencia” de las adjudicaciones a Cofely y piden luchar contra comportamientos

EUROPA PRESS

VALLADOLID —

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha aclarado este miércoles en su comparecencia en Comisión en las Cortes que el Gobierno regional sólo ha realizado pagos a dos de las 165 empresas presuntamente investigadas dentro de la 'Operación Púnica', al tiempo que ha defendido que todos los pagos realizados a Cofely derivan de “relaciones contractuales normales”.

Del Olmo ha abierto el turno de comparecencias en las Cortes de los consejeros de la Comunidad que detallan por áreas el pago de un total de 5,72 millones de euros a la empresa entre los años 2002 y 2014.

Por su parte, el consejero de Economía y Empleo, Tomas Villanueva, ha explicado que los pagos realizados por el área que dirige a Cofely se han efectuado cuando la empresa formaba parte de una UTE. Así, el montante total abonado desde este área ascendió a 236.285 euros.

Villanueva ha defendido que estos procesos se han desarrollado desde la “estricta legalidad” con procedimientos abiertos desde criterios “claramente evaluables” y resueltos en una mesa de contratación, tras lo que ha defendido que en las adjudicaciones realizadas a la UTE de la que formaba parte Cofely ofrecía mejoras respecto a las otras empresas que optaban al servicio.

En concreto, Economía y Empleo ha abonado a Cofely 37.355 euros a través del Servicio Territorial de Ávila para el mantenimiento de sistema de calefacción y refrigeración, mientras que el EREN ha asumido sendos contratos de 198.930 euros para un proyecto de instalación de energía solar térmica en 2013 en el Hospital Río Hortega de Valladolid -150.000 euros-- y para el suministro de la planta de biomasa en Montemayor (Valladolid).

Villanueva ha informado además de que la UTE formada por Cenit Solar y Cofely se ha presentado dos licitaciones que finalmente no han conseguido en favor de otros competidores que presentaron una con mejor oferta en 2014.

El consejero ha insistido además en que se han realizado comprobaciones en todas las empresas y fundaciones públicas de adjudicación a esta empresa y han sido “negativas”. “Estamos cansados de que se nos juzgue mal, no tenemos que estar en duda de nadie, intentamos hacer las cosas bien, las estructuras de la administración funcionan”, ha aseverado.

Mientras tanto, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que las dos antiguas consejerías de Administración Territorial y de Interior y Justicia abonaron un total de 90 contratos menores por valor de 39.713 euros entre 2002 y 2004 con motivo de “suministro de piezas y reparaciones” a la empresa Aximia Sistemas e instalaciones, que en el año 2009 pasó a denominarse Cofely Contracting.

El consejero ha destacado el “ejercicio de transparencia” que lleva a cabo este miércoles el Gobierno de Castilla y León y ha recordado que el Gobierno de España “ha invitado a todas las administraciones” a que tomen iniciativas similares, al tiempo que ha avanzado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y ha solicitado un “gran pacto” en este sentido.

Asimismo, como ha explicado en su comparecencia el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, la empresa Cofely ha participado en tres concursos de adjudicaciones iniciados por este área en los que concurrió en unión temporal de empresas (UTE) junto a otras compañías y de los que sólo le fue adjudicado el de la red de calor de la Universidad de Valladolid con la soriana Rebi.

Silván en su intervención ha detallado que desde su área se han efectuado pagos exclusivamente por valor de 15.803,25 euros por la prestación del servicio de Mantenimiento del edificio Padres Paules -sede del Servicio Territorial de Fomento-- en Ávila, durante los ejercicios 2009 a 2011.

Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha detallado que el Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL) ha adjudicado desde 2009 hasta 2014 cuatro contratos a Cofely por procedimiento negociado sin publicidad en un primer momento y luego por libre acceso.

Clemente ha cerrado el turno de comparecencias de mañana en las Cortes para dar cuenta de estos contratos que, como ha insistido, se “ajustan a la legalidad” y que suman un montante total de 459.162 euros. La consejera ha ofrecido a los grupos la posibilidad de conocer con detalle el objeto de estas facturas y ha abogado por avanzar en transparencia y “plantar cara” a la corrupción “de manera homogénea”.

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