El Consejo Consultivo de Extremadura dejará de funcionar el 1 de enero

Una propuesta de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha sido aprobada en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, con los votos a favor de PSOE y Podemos, frente a los votos en contra del PP, y la abstención de Ciudadanos.

Tras ser aprobada esta propuesta de ley, el Consejo Consultivo de Extremadura dejará de funcionar a partir del próximo 1 de enero, cuando los presupuestos del próximo año no contemplen ninguna partida para este órgano, que sin embargo seguirá existiendo, ya que su eliminación definitiva requiere una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

POSICIÓN DE LOS PARTIDOS

Por parte del Grupo Mixto Ciudadanos, la portavoz María Victoria Domínguez ha considerado que el Consejo Consultivo “únicamente se tiene que eliminar a través de la reforma del Estatuto de Autonomía”, a través de la derogación del artículo 45.

Por eso ha considerado que esta propuesta de ley “no es el camino a la derogación del Consejo Consultivo”, sino que se trata de un “atajo urgente”, que a su juicio se realiza “por razones inconfesables, que todo el mundo sabemos que existen, pero que no se han dicho verdaderamente”.

En representación de Podemos, la diputada Irene de Miguel ha considerado que “esta no es la reforma que necesitaba el consejo”, sino que se trata de un “mal menor”, por lo que ha lamentado que no se haya aprobado la enmienda a la totalidad de esta formación, que hubiera supuesto “una reforma mucho más racional y sensata de este órgano”.

Sin embargo, De Miguel ha explicado que con la aprobación de esta propuesta de ley se va “a reducir a la mitad el presupuesto que contemplaba este órgano, al eliminar los cargos políticos”, y se van a “integrar a todos los empleados públicos en la administración de la Junta sin perder ninguno de los derechos laborales”.

La diputada de Podemos ha defendido que este órgano “mantenga su sede física en Badajoz”, para “minimizar la alteración del funcionamiento del órgano resultante”, y ha señalado que se conseguirá “mantener las competencias al crear la comisión jurídica dentro de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, garantizando así un órgano profesional”.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Miguel Cantero ha considerado que esta ley “va a pasar a la historia de Extremadura como esa ley de querer quitar y poner a los míos”, con lo que a su juicio “se hace flaco favor al interés general de Extremadura”.

“Aquí no se trata de que se solucionen las cuitas personales eliminando instituciones estatutarias”, sino que se está “hablando de personas y de proyectos”, ha señalado Cantero, quien ha considerado “trágico y lamentable” los “intereses personales” que a su juicio existen “en cuanto a esos trabajadores que dependen del Consejo Consultivo”.

Miguel Cantero ha reiterado también el ofrecimiento del PP para que se modifique el artículo 45 del Estatuto de Autonomía, “sacando de él lo que es el Consejo Consultivo”.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha lamentado que en este asunto, “el PP ha sido naufragando entre la nostalgias y las contradicciones”, y ha lamentado que “se oponen con argumentos peregrinos a la desaparición” del Consejo Consultivo.

Valentín García ha querido dejar claro que con esta supresión de funciones, “nadie perderá ningún derecho ni personal, ni económico ni de ningún tipo”, ya que “todos los trabajadores, funcionarios y eventuales” verán protegidos sus derechos, ha señalado.

Así, el portavoz socialista ha señalado que “está muy bien defender a los amigos”, pero el PSOE quiere “defender intereses generales de los extremeños” que según ha dicho, “votaron mayoritariamente el 24 de mayo la eliminación del Consejo Consultivo”, por lo que con la aprobación de esta propuesta de ley se “da respuesta a la voluntad de los extremeños”.