El Consejo Escolar, a favor de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años

El Consejo Escolar del Estado recomienda en su último informe que la edad de enseñanza obligatoria llegue en España a los 18 años frente a los 16 años actuales, un tema que precisamente ahora los partidos políticos están utilizando, en mayor o menor medida, de cara a las próximas elecciones.

El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa recoge y comparte así la sugerencia del Parlamento Europeo de que los Estados amplíen la asistencia obligatoria a la escuela hasta los 18 años para reducir el fenómeno del abandono educativo temprano.

En la actualidad, en España solo es obligatoria la educación hasta los 16 años porque es la edad en la que se puede trabajar, y en los centros concertados no está cubierto el Bachillerato (ciclo educativo en el que se aplican unos precios superiores a Primaria y Secundaria) como sí pasa en los públicos.

La postura propuesta por el Consejo en su “Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo” es contraria a la del ministro Íñigo Méndez de Vigo, que señaló recientemente que le parecía “mala idea” que la educación fuera obligatoria hasta los 18 años y, en este sentido, se preguntó cómo se podría pagar.

No obstante, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, dijo recientemente que el Ministerio está estudiando “universalizar” la educación hasta los 18 años, pero no hacerla obligatoria.

Esta idea está también incluida en el borrador del programa electoral del PSOE, donde se propone ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años.

“Nuestro objetivo es que de forma progresiva y por consenso se extienda la obligación de las administraciones educativas de ofertar plazas hasta los 18 años”, se dice en el citado borrador socialista.

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha pedido a los partidos que se presentan a los próximos comicios que “se comprometan a universalizar la educación hasta la mayoría de edad, ofertando gratuitamente el Bachillerato y la FP de grado medio”.

Así nos equipararemos a países como Alemania, Bélgica, Hungría, Holanda, Polonia y Portugal, según Concapa.

Respecto al precio que tendría esa universalización, el Consejo cree que puede tener un coste estimado “asequible” y que el “consiguiente proceso de consolidación presupuestaria se iría produciendo, de manera progresiva, a lo largo del correspondiente periodo de implantación”.

Se trataría de escolarizar en condiciones de gratuidad a los alumnos con edades iguales o inferiores a los 18 años desescolarizados y, además, hacer gratuita la enseñanza en Bachillerato y FP grado medio para los ya escolarizados.

El Consejo que preside Francisco López Rupérez recuerda asimismo que esa obligatoriedad “habría de ser compensada con un incremento de la libertad individual en la elección de diferentes vías formativas y de una mayor flexibilidad en la organización de sus enseñanzas”.

Aconseja que llegue al 85 % el porcentaje de los jóvenes que hayan alcanzado, al menos, el nivel de Bachillerato o FP de grado medio y que se compatibilice el carácter obligatorio de las enseñanzas con la actual posibilidad de ir al mundo laboral mediante la articulación de sistemas flexibles que faciliten, a partir de dicha edad, la conciliación entre formación y empleo.

Dichos sistemas potenciarían modelos ya existentes como la FP dual, contratos para la formación, turnos vespertinos, enseñanzas a distancia o semipresenciales y establecerían otras soluciones como pueden ser horarios o calendarios adaptados.

El Consejo Escolar propone que las políticas educativas se basen en evidencias para aumentar la eficiencia de la inversión en este terreno y destaca que, de hecho, está demostrado que un año extra de experiencia escolar en Bachillerato y FP grado medio produce de media un incremento en los ingresos anuales del individuo de hasta el 12 %.

Y, según otros datos estudiados por el Consejo, “la elevación del nivel formativo de la población mejorará sus actitudes cívicas y sus comportamientos democráticos, incrementará su grado de salud física y de bienestar mental, y la protegerá frente al declive cognitivo de la vejez”. Pilar R. Veiga.