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El Consejo de Seguridad aprueba una resolución impulsada por España sobre lucha antiterrorista

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este lunes por unanimidad una resolución impulsada por España y copatrocinada por 51 países sobre cooperación judicial internacional en materia de lucha antiterrorista, durante una sesión presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

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España, que es miembro no permanente en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016 y que lo preside durante este mes de diciembre, ha impulsado esta Resolución con el objetivo de afianzar la cooperación jurídica, policial y judicial internacional como una herramienta eficaz de la que se dota la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza terrorista y la delincuencia organizada trasnacional.

Durante su intervención, el ministro español ha defendido estrategias integrales en la cooperación jurídica, judicial y policial contra el terrorismo y ha recordado los cuatro atentados terroristas en 48 horas (El Cairo, Estambul, Mogadiscio y Aden) como una prueba de la absoluta necesidad de trabajar de forma coordinada para acabar con esta lacra.

Catalá, que ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en nombre de España, ha destacado la experiencia española en materia de terrorismo como "prueba fehaciente de que con medidas basadas en el respeto al Estado de Derecho y el imperio de la ley, una sociedad unida puede hacer frente al terrorismo y derrotarlo como ha hecho España".

La resolución aprobada "reclama el uso de los instrumentos de cooperación jurídica internacional y de extradición de que dispone la comunidad internacional, tanto los de carácter bilateral como multilateral, para su aplicación a la delincuencia organizada trasnacional y a los delitos terroristas". Según el ministro, se trata, en suma, de adoptar respuestas que superen las fronteras nacionales para adoptar una estrategia global de Justicia que evite la creación de zonas de impunidad.

En este sentido, Catalá ha instado a todos los Estados miembros a designar autoridades centrales para la tramitación de solicitudes de cooperación, lo que crearía una red de puntos de contacto con recursos, formación y autoridad para actuar en delitos de terrorismo. La Resolución 2322 propone la creación de un sistema de transmisión electrónica de estas solicitudes de cooperación que aporte más rapidez y eficacia a los procedimientos, sin perjuicio de su ulterior tramitación por las vías tradicionales.

Asimismo, frente a los delitos de reclutamiento, organización y preparación de atentados que los grupos terroristas realizan a través de la red, este texto propone establecer marcos jurídicos para erradicar estos abusos y avanzar en la armonización de las normas sobre el uso de las pruebas electrónicas de manera que las que se obtengan en las investigaciones realizadas en un Estado sean aceptables para otro que inicia los procedimientos de cooperación judicial o de extradición.

Estas soluciones han de hacerse con la plena reafirmación del Estado de Derecho y el respeto íntegro de los derechos civiles, ha explicado el ministro, en particular de las libertades de expresión y de opinión, así como de las iniciativas de la sociedad civil.

LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Catalá ha destacado también que la Resolución 2322 contiene un párrafo dedicado a las víctimas del terrorismo en el que se solicita de los Estados un incremento de los esfuerzos para asegurar que las víctimas y sus familias reciban una asistencia adecuada a las necesidades derivadas del atentado.

"El acto de Justicia que es velar por la memoria de las víctimas del terrorismo y garantizarles el apoyo que merecen, proporciona una referencia moral al texto que hoy hemos adoptado", ha concluido.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ha celebrado la adopción de esta resolución como un "hito" porque "se trata de la primera resolución del Consejo de Seguridad específicamente sobre cooperación judicial internacional".

"Pretende conseguir una respuesta coordinada de los estados de la comunidad internacional, superando las dificultades inherentes a la investigación y el enjuiciamiento de actos terroristas cuando parte de sus elementos (actos terroristas, pruebas, sospechosos, testigos) se encuentran repartidos entre varias jurisdicciones", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que contribuirá a eliminar los obstáculos que surgen "cuando, como ocurre con gran frecuencia en el caso de los combatientes terroristas extranjeros, las pruebas esenciales son de carácter electrónico y, por tanto, de aseguramiento y preservación particularmente complicados".

La resolución contiene también "un párrafo específico dedicado a las víctimas del terrorismo, en el que, tras reafirmar la solidaridad con las víctimas y sus familias, se recuerda la importancia de que los estados redoblen sus esfuerzos para que unas y otras reciban la asistencia necesaria".

"España, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo una de sus prioridades a lo largo de todo su bienio como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, entiende que la lacra terrorista constituye una de las mayores amenazas para la paz y la seguridad internacionales, frente a la que son necesarias estrategias integrales basadas en la cooperación internacional", ha sostenido el departamento que dirige Alfonso Dastis.

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