El Constitucional tiene pendiente resolver sobre cuatro normas catalanas

El Tribunal Constitucional ha resuelto ya sobre una gran parte del tejido legislativo puesto en marcha por la mayoría soberanista del Parlament y el Gobern, pero debe aún estudiar si son constitucionales cuatro importantes normas recientemente aprobadas en Cataluña y recurridas ante él.

Se trata de la Ley de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea; los Nuevos Servicios Públicos; la Ley Catalana de Medidas Fiscales y Financieras; y la creación de un Comisionado para la Transición Nacional.

También están pendientes de resolución dos incidentes de ejecución, desatados a iniciativa del Gobierno central: uno por el incumplimiento de la suspensión cautelar sobre la ya citada Ley de Acción Exterior y otro por la decisión del Parlament de iniciar la transición política hacia la independencia.

El TC anuló el pasado jueves gran parte de las estructuras de Estado que creó el Parlament en desarrollo del proceso político hacia la independencia, en especial la creación de un sistema tributario propio, aunque aceptó una Agencia de Protección Social con limitaciones.

Esta semana el TC ha resuelto a favor del Gobierno el conflicto de competencias presentado por Cataluña contra el real decreto que regula la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña consideraba que ese decreto vulneró sus competencias en relación a la actividad de distribución eléctrica, menoscabando sus funciones ejecutivas para regular la retribución a las empresas que desarrollan la actividad de distribución de energía eléctrica.

Salvo en unos detalles formales de rango menor, el TC ha avalado la validez del decreto, por considerar que actúa dentro de los márgenes que la Constitución establece para que el Estado coordine la planificación general de la economía y fije las bases del régimen energético.

Después de esta resolución, de las normas que todavía están pendientes de resolución la más significativa es la Ley de Acción Exterior.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 6 de marzo de 2015 la presentación de un recurso al TC contra 17 artículos de esta norma.

El ejecutivo entiende que esos preceptos vulneran la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y establecen que compete al Gobierno de la nación dirigir la política exterior.

Se trata de cuatro artículos del Título Preliminar (del 1 al 4), y otros trece del resto de la ley, que consideran a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español (artículos 5 al 9), el 26, relativo a las relaciones con otros países, más allá del ámbito de las relaciones con la UE, así como los que regulan la representación de la acción exterior catalana (del 29 al 33) y la diplomacia catalana (del 34 al 38).