El Constitucional rechaza un recurso de amparo de Bebés Robados en Huelva

El Tribunal Constitucional (TC) ha denegado un recurso de amparo de la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva, presentado después de que la Audiencia Provincial archivara la denuncia de la presidenta de la asociación, Esperanza Ornedo, por la supuesta sustracción de su hermana.

El auto del Constitucional, al que ha tenido acceso Efe, se refiere al recurso presentado en mayo por la Asociación para que se pronunciara “sobre el vacío legal” existente en la materia.

La Audiencia Provincial de Huelva decidió archivar los asuntos de bebés robados en Huelva por considerar que los delitos estarían prescritos, consideración que han hecho suya los cinco Juzgados de Instrucción de la capital.

Esto ha originado que “todos los procesos judiciales se estén archivando sistemáticamente y que no se pueda seguir investigando” sobre actuaciones presuntamente irregulares de Hospitales como el Manuel Lois o de clínicas privadas en Huelva, como la clínica La Merced entre otras, así como presuntas actividades irregulares de profesionales (ginecólogos, matronas, enfermeras) y religiosos (monjas), que se han quedado paralizadas por orden judicial.

Concretamente, el recurso de amparo se interpone frente al Auto dictado por la Audiencia Provincial el pasado 2 de mayo de 2014 relativo al caso de la afectada Esperanza Ornedo, quien denunciaba la presunta sustracción de su hermana gemela en marzo de 1968, en el Hospital Manuel Lois de Huelva.

El recurso se refería a la “grave cuestión incidental” que supone que exista “un criterio diferenciador para el ciudadano basado en una cuestión meramente territorial” en la materia, “en función de donde hayas parido, así será el recorrido procesal de tu instrucción judicial”.

Sin embargo, el Constitucional señala en el auto que no existe una “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo (...) violación que es condición para que este tribunal pueda ejercer dicha tutela”.

Fuentes de la asociación han lamentado la decisión y se han reafirmado en que “consideramos que se trata de un delito permanente el tiempo y que su plazo de prescripción debe correr desde el momento en el que el bebé robado toma conciencia del delito que sobre él se ha cometido, tenga la edad que tenga”.