Contundente rechazo en Argentina a una propuesta de reducir las penas a los genocidas

El Gobierno argentino y organismos de derechos humanos repudiaron hoy la propuesta del gobernador de la central provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, de reducir las condenas a genocidas a cambio de información sobre el destino de las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983).

La polémica propuesta “es absolutamente errada porque la legislación vigente no admite ningún mecanismo de negociación de penas a través de entrega de información a nivel federal”, dijo hoy la ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré.

A menos de una semana de la muerte del exdictador Jorge Rafael Videla, primer presidente de facto del último régimen militar, De la Sota, un peronista enfrentado al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, pidió este miércoles “un baño de reconciliación”.

Para ello, el gobernador cordobés sugirió reducir las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura a cambio de información sobre el destino de los desaparecidos.

Al condenar la propuesta, Garré afirmó en declaraciones a periodistas que De la Sota “históricamente perteneció a sectores de la derecha peronista” y no tuvo “posiciones del todo claras, de manera que no extrañan las opiniones que ha dicho”.

En la misma línea, el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, señaló que las penas para los autores de crímenes durante la dictadura no se pueden reducir y deben ser las que marcan las leyes y determinan los jueces.

“La Justicia tiene que extremar el esfuerzo y conseguir la información por los mecanismos que el código establece”, sostuvo Alak en declaraciones a periodistas.

La reacción de rechazo también fue unánime entre los organismos de derechos humanos, que en una rueda de prensa conjunta criticaron al gobernador cordobés por desvalorizar con su iniciativa el trabajo de la Justicia.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas y la agrupación de Hijos repudiaron la propuesta “en nombre de los 30.000 desaparecidos” durante el régimen de facto.

“Los juicios por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado para De la Sota son una política de resentimiento, pero nosotros le decimos a De la Sota que los juicios son el fruto de años de lucha de las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos y se han constituido en político de Estado”, indicaron las organizaciones en un documento conjunto.

En la rueda de prensa, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó que la reapertura de los juicios a represores a partir de la declaración de inconstitucionalidad en 2005 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían beneficiado a los responsables de crímenes de lesa humanidad, “clausuró una etapa de impunidad en Argentina”.

“Parece que algunos, como De la Sota, están haciendo méritos para ser los candidatos de la derecha y tienen miedo de que este país siga adelante. Nosotros siempre pedimos verdad, justicia y memoria, nunca venganza”, dijo por su parte Julio Morresi, representante de Familiares de Desaparecidos.

Para Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, en Argentina aún hay sectores que tienen miedo de que las investigaciones avancen y “caigan los civiles y responsables de grupos económicos que faltan” juzgar por su rol en la dictadura.

“Pero no hay marcha atrás. No vamos a estar vivas cuando caiga el último genocida preso, pero luchamos cada días para eso”, subrayó Almeida.

En tanto, Lita Boitano, también de Familiares de Desaparecidos, afirmó que De la Sota “aprovechó la muerte de Videla para hacer una nueva declaración” de un pensamiento que “no es nuevo”.

Videla, que gobernó de facto Argentina entre 1976 y 1981, murió el pasado viernes, a los 87 años, en una cárcel de la localidad bonaerense de Marcos Paz, donde purgaba condenas a reclusión perpetua por su responsabilidad en crímenes cometidos durante la dictadura.

Según datos de la Unidad de Seguimiento de causas por Violaciones a los Derechos Humanos, a marzo pasado, la Justicia argentina había juzgado a 449 personas por delitos de lesa humanidad y condenado a 404 de ellas, en tanto que hay otras 698 procesadas en causas de este tipo.