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Córdoba asegura que la liberación del general colombiano será mañana o el jueves

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El paro armado del ELN impide la movilidad en la zona del secuestro del general Alzate

El paro armado del ELN impide la movilidad en la zona del secuestro del general Alzate

La exsenadora liberal y exmediadora con las FARC para la liberación de rehenes, Piedad Córdoba, dijo hoy que tiene la certeza de que mañana miércoles o el jueves la guerrilla liberará al general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes, secuestrados el pasado 16 de noviembre.

"En los próximos momentos, muy rápidamente se dará también la liberación del general Alzate. Totalmente segura que será así, pienso que entre mañana y el jueves", dijo Córdoba en la localidad de Mocoa, en el departamento del Putumayo, al sur del país.

Preguntada por periodistas sobre si esta información la había obtenido directamente de las FARC, Córdoba reiteró que esta "totalmente segura" de que los secuestrados serán liberados en los próximos dos días.

Alzate, junto al cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, fueron secuestrados en el caserío Las Mercedes, en una remota zona del selvático departamento del Chocó (noroeste), el pasado 16 de noviembre.

La retención del general, el militar con más rango capturado por las FARC, provocó que el presidente, Juan Manuel Santos, suspendiera los diálogos de paz que mantiene con la guerrilla en La Habana, que el pasado 19 de noviembre cumplieron dos años.

Por el momento, el grupo no ha confirmado oficialmente una fecha para la liberación, si bien medios colombianos, citando a negociadores de la guerrilla en Cuba, han anunciado que será el próximo fin de semana.

La declaración de Córdoba tiene lugar poco después de la liberación de dos solados que las FARC también tenían apresados en el departamento de Arauca (este).

Córdoba, que es la líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, fue mediadora en la liberación de decenas de secuestrados durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y participó en varias operaciones humanitarias llevados a cabo por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En 2010, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, la destituyó del cargo e inhabilitó precisamente por tener contactos con la guerrilla.

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