Corrupción entre rejas

La última gran operación contra la corrupción, la de la trama Púnica, ha enviado al expolítico popular Francisco Granados y a otros imputados a la cárcel, cuyas celdas ya habitan otros muchos acusados: Bárcenas, Díaz Ferrán, Julián Muñoz, José María del Nido... y muchos más.

La cárcel de Soto del Real, en la sierra madrileña, se ha convertido en la estación de llegada de los principales implicados en las causas de corrupción que instruye la Audiencia Nacional, aunque en algunos casos es solo la primera parada.

Éste ha sido el caso de Granados, que aunque inicialmente recaló en esta prisión, luego fue trasladado a la de Estremera, un centro que inauguró el imputado en 2008 como consejero de la Comunidad de Madrid.

También los del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del supuesto cabecilla de la trama destapada, David Marjaliza, a quienes el furgón les volvió a recoger en Soto para llevarles a las cárceles de Navalcarnero y Aranjuez.

Por este motivo, ninguno de los principales acusados de la Operación Púnica coincidirá en lo sucesivo con los veteranos ilustres de Soto, el mayor centro penitenciario de la Comunidad de Madrid.

En ese grupo figura el extesorero del PP Luis Bárcenas, privado de libertad desde el 27 de junio de 2013 por su supuesta implicación en el caso Bárcenas sobre la supuesta financiación irregular del PP y al apreciar el juez Pablo Ruz la existencia de riesgo de fuga.

Con Bárcenas comparte patio el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en prisión preventiva desde el 5 de diciembre de 2012 por la operación Crucero, en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans, del que fue propietario.

Entre los veteranos de Soto del Real -ingresó el 3 de agosto de 2012- está también José María Bravo, el exdirector de la Hacienda de Irún (Guipúzcoa), condenado a 10 años de prisión por delitos de malversación, prevaricación y blanqueo.

Estos presos no gozan de privilegio alguno en su reclusión, según fuentes penitenciarias, que recuerdan que algunos de ellos son internos preventivos -hasta cuatro años pueden permanecer en esta situación-, no reincidentes y, en principio, nada conflictivos.

Fuera de la Comunidad de Madrid, la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) también tiene sus propios presos VIP de la corrupción española: el número uno es, sin duda, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que cumple siete años de cárcel por blanqueo y que acumula otras más de 50 sentencias condenatorias firmes.

Muñoz es uno de los presos internados en un módulo de respeto, una fórmula que se estrenó en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) en 2001 y ya extendida a todas las prisiones, donde suelen permanecer tanto los presos por delitos económicos como por otros delitos, como es el caso del torero José Ortega Cano, recluido en Zaragoza por un accidente de tráfico en el que murió otro conductor.

En estos módulos los presos se acogen a una especie de contrato con normas y compromisos sobre el mantenimiento de las dependencias, y se busca que se impliquen en tareas como el cuidado de los espacios comunes o la organización de actividades.

Desde hace algunas semanas, Muñoz comparte prisión tanto con la que fuera su mujer, Maite Zaldívar, que ingresó el pasado 27 de octubre, como con el hermano de esta, Jesús Zaldívar, que entró pocos días antes. Ambos están condenados a dos años y medio por blanqueo en el mismo caso que la tonadillera Isabel Pantoja.

En prisión no coincidirán con reos considerados conflictivos o peligrosos. Los reclusos por delitos de corrupción tienen horarios distintos y en los últimos años, debido al descenso de la población penitenciaria, es frecuente que no tengan que compartir ni celda con otros presos.

No muy lejos de Málaga, en la cárcel de Huelva, permanece ingresado otro ilustre: el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, abogado de Julián Muñoz hasta 2007 y sobre el que pesa una condena a 7 años por facturar servicios jurídicos inexistentes o innecesarios al Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003.

En la causa de los ERE irregulares, por su parte, hay hasta ahora 227 personas imputadas, entre ellas el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en prisión provisional desde el 10 de marzo de 2012 por orden de la juez Mercedes Alaya.

Otro de los centros penitenciarios que acoge a políticos muy conocidos es el de Palma, donde permanece la expresidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar, una figura clave de la política balear que desde julio de 2013 se encuentra privada de libertad en cumplimiento de una condena de cinco años y medio.

Salvo las “ventajas de la autogestión” que proporcionan los módulos de respeto, explican a Efe fuentes penitenciarias sindicales, los presos por delitos económicos tienen, como el resto de internos, una serie de derechos como diez minutos diarios de llamadas, fundamentalmente a sus familias, o la posibilidad de participar en actividades.

Es el caso del empresario andorrano Fidel Pallerols, que cumple una condena de siete años en la prisión de Figueres (Girona) por desviar fondos europeos para la formación de parados a Unió Democrática de Catalunya a través de sus sociedades.

Todos los reclusos disponen de una cuenta de peculio similar a una tarjeta de crédito (el manejo de dinero en efectivo está prohibido) con la que pueden efectuar compras con un límite semanal de 80 euros en el economato de la prisión, donde hay desde refrescos (aunque no alcohol) hasta latas de conservas o productos de aseo.