La CorteIDH escucha a las víctimas de la masacre indígena en Guatemala

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó hoy a las supuestas víctimas supervivientes a una masacre contra indígenas cometida por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala en 1995.

“Tenemos más de 20 años pidiendo que nos hagan una reparación digna porque hemos quedado sin nada y además los que hicieron los hechos están libres (prófugos), mientras nosotros vamos sufriendo”, dijo la supuesta víctima Natividad Sales Calvo, quien entre lágrimas mostró a los jueces sus cicatrices.

Sales Calvo, quien perdió a su hijo en estas matanzas, narró que tuvieron que huir de sus tierras para refugiarse en México, pero que al regresar, 12 años después, continuaron las masacres y el Estado nunca hizo nada, los tuvo “abandonados”.

El caso se remonta a la masacre perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q'eqchi', mam, q'anojb'al y ixil y k'iche.

Estas personas ocupaban la finca Xaman, en Alta Verapaz, tras haber estado refugiadas en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, indica la demanda.

Además de las once víctimas mortales en el sitio, otras 29 personas resultaron heridas, de las cuales tres fallecieron posteriormente debido a las heridas causadas.

La Comisión señaló en la audiencia que mientras el caso estuvo bajo conocimiento de la jurisdicción penal militar, el Estado incumplió con su obligación de investigar de manera independiente e imparcial.

La supuesta víctima Tomás Grave Morente mostró al Tribunal internacional la herida de una bala en su brazo izquierdo y pidió “justicia” para todos los de su comunidad.

“Yo considero que había algo de parte de los soldados, como algo contra nosotros, pero nosotros no debemos nada, somos humildes campesinos. Las personas que estaban ahí trabajan la tierra, son personas honorables y pobres, son personas analfabetas pero tienen voz y por lo tanto, quiero pedir que se haga justicia y que se dé una respuesta lo más pronto posible”, afirmó Grave.

Sobre el día de los hechos, contó que los soldados estaban escondidos en el monte y posteriormente, al llegar al centro de la comunidad, empezaron a disparar.

“Dijeron fuego y empezaron a disparar yo pensé que eran al aire pero luego voy viendo que caían las personas, personas sangrando y vi a mi mamá tirada quejándose, yo fui donde ella y le habían dado dos balazos en el pecho y me dijo: 'mijo cuidate', y empezó a despedirse porque iba a morirse”, narró a los jueces Grave.

Los declarantes indicaron que nunca recibieron reparaciones económicas, rehabilitación física o psicológica para que la comunidad pudiera salir adelante.

La Comisión acusó al Estado de no cumplir con su obligación de eliminar los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso y de discriminación racial contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas condenaron a 14 miembros de las Fuerzas Armadas por esos hechos; sin embargo, según la demanda de la Comisión “hubo deficiencias e irregularidades que constituyen violaciones al deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable”.

El Estado de Guatemala negó en los alegatos finales su responsabilidad internacional por el caso, rechazó la violación de garantías judiciales, discriminación, derecho a la vida e integridad personal y destacó que desde el sistema de justicia local ya se condenó a los responsables.

“El Estado ha aportado medios, pruebas y condenó a los responsables de los hechos que hoy nos ocupa (...) Al momento de emitir una sentencia le pedimos a la honorable Corte que tome la voluntad manifiesta y esfuerzos para reparar a las víctimas del presente caso y en consecuencia no se le condene”, dijo el representante del Estado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, Felipe Sánchez.

Tras la audiencia, la Corte Interamericana dará un plazo de un mes para que las partes presenten sus alegatos finales por escrito, y a partir de entonces analizará la posibilidad de dictar una sentencia en los siguientes meses.