Las Cortes censuran el segundo Plan E de Zapatero e instan a los ayuntamientos a valorar el coste al elegir inversiones

Así consta en algunas de las propuestas de resolución aprobadas este martes por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas al informe del órgano fiscalizador respecto al segundo Plan E del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

La crítica más dura llega de un punto propuesto por CiU y aprobado gracias al apoyo del PP. Con él, las Cortes critican el carácter “precipitado y cortoplacista” de esta medida extraordinaria, que “impidió una adecuada selección, financiación, contratación y ejecución de proyectos”, imposibilitando además a los ayuntamientos “cumplir con sus objetivos de creación de empleo y de inversiones en sostenibilidad local”.

Además, a propuesta del PP, las Cortes han solicitado que se impulse la puesta en marcha de las infraestructuras financiadas con cargo al FEESL que aún no están en servicio, que terminen la instrucción y la justificación de los proyectos aún pendientes para poder solicitar el reintegro de fondos en los que no han sido ejecutados o en los que se han incumplido las condiciones, y que se cancelen las cuentas corrientes que aún permanecen abiertas.

Por otra parte, han recomendado que, en futuras medidas extraordinarias de financiación, los ayuntamientos realicen estudios valorativos para seleccionar los proyectos de forma planificada y teniendo en cuenta cuáles se ajustan técnica y financieramente mejor a las necesidades y a la situación de la entidad.

EVITAR MODIFICADOS DE LOS CONTRATOS

En este sentido, la Comisión celebrada en el Congreso ha establecido que, sin perjuicio de los criterios de selección que se utilicen, deben “primarse las mayores bajas” en los precios, que los pliegos de condiciones sean claros y precisos, que la preparación y adjudicación de contratos tengan “mayor rigor” para evitar modificados, y que la necesidad de la inversión se “acredite adecuadamente”.

También ha aprobado, a propuesta del PSOE, que los ayuntamientos deban justificar “en tiempo y en forma” la utilización de los fondos recibidos, especificar adecuadamente los criterios de adjudicación, “valorar señaladamente el precio”, limitar “muy estrictamente” el recurso a la modificación de los contratos para evitar irregularidades y garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución.

Siguiendo en esta línea, las Cortes han dado el visto bueno a una propuesta de CiU para requerir “la necesidad de adopción de buenas prácticas” por parte de todas las administraciones públicas para seleccionar aquellos proyectos de inversión “que ofrezcan una mayor viabilidad económica y que mejor garanticen la sostenibilidad de las inversiones”.

“MAYOR RIGOR” EN LA ADJUDICACIÓN

También han aprobado que se busque un “mayor rigor” en la preparación y adjudicación de contratos mediante el establecimiento de criterios “claros y precisos” para evitar modificaciones y han instado a los ayuntamientos que todavía no han justificado los proyectos a acreditar la inversión de los fondos y finalizar los trámites pendientes “en la máxima brevedad posible”.

Además, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha conseguido el apoyo del resto de grupos parlamentarios para reclamar que se cumplan las recomendaciones del Tribunal en los proyectos del FEESL que aún no están terminados.