Las Cortes valencianas piden desmantelar la central de Cofrentes en 2021

El pleno de las Cortes valencianas ha aprobado hoy, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno “el cierre y desmantelamiento” de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear “por ser innecesario”, ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021.

Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSPV, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunitat Valenciana “no dispone de un parque de renovables suficiente” para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región.

El diputado de Compromís Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que “por fin” la mayoría de la Cámara diga “sí al cierre definitivo de Cofrentes” por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares “son peligrosas, y más las viejas”, y ha considerado que “no es tan complicado” ni “tan imposible” que en Cofrentes se pudiera producir “la gran catástrofe” sucedida en Fukushima en 2011, que “nadie pensó que pudiera pasar y pasó”.

Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20 % de la energía total consumida sea renovable.

El diputado del PP Vicente Casanova ha asegurado que el cierre de Cofrentes tendría “graves consecuencias”, como el incremento de la tarifa eléctrica un 25 % y de las emisiones de dióxido de carbono un 50 %, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 molinos de viento o 26.000 hectáreas de paneles solares.

Para Casanova eso “no es razonable”, sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se ha construido ningún molino y se han instalado muy pocos paneles solares, y ha señalado que “no hay necesidad de retirar” estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

La parlamentaria de Ciudadanos Rosa García ha acusado al Consell de hacer en este caso lo mismo que ha hecho Donald Trump con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido “eliminar de un plumazo” sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos.

“Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo”, según García, quien ha pedido que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 “traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona”, al tiempo que ha abogado por un Pacto de Estado en esta materia.

Ciudadanos ha rechazado el acuerdo planteado por los grupos proponentes de la iniciativa por mantener el cierre de la central en 2021 sin realizar un estudio previo independiente sobre su impacto, y de hecho, había planteado una enmienda en este sentido.

El socialista David Cerdán ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se reabra cuando acabe su vida útil en 2021, con el fin de “acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país”, y ha asegurado que la iniciativa planteada es “de responsabilidad y sentido común”.

“Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa”, ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó ha acusado al PP de convertir en “chantaje” cualquier decisión.