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Cifuentes promete que no privatizará el Canal de Isabel II ni la gestión de ningún hospital

Cifuentes, en su discurso de la sesión de investidura en la Asamblea de Madrid.

Carmen Moraga

Cristina Cifuentes ha anunciado durante su discurso de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid una catarata de medidas sociales y de rebajas fiscales para los madrileños dirigidas “especialmente para las rentas más bajas”, pero también para los emprendedores y las familias “como pilar básico de la sociedad”. La dirigente del PP no ha citado en ningún momento a sus antecesores en el cargo, Esperanza Aguirre e Ignacio González, y ha dejado claro que ella inicia “un proyecto nuevo” en la región caracterizado por la “tolerancia cero” con la corrupción.

Es significativo también lo que ha dicho que no hará. Cifuentes ha reiterado que no privatizará la gestión de ningún hospital, que el Canal de Isabel II seguirá siendo de titularidad pública y que no venderá viviendas de titularidad pública a fondos buitre.

La dirigente del PP, que será investida en el cargo este miércoles gracias a los votos de los 17 diputados de Ciudadanos, ha tendido la mano a los grupos de la oposición para cerrar “grandes pactos” en Sanidad, Educación y en materia anticorrupción, con la promesa de que gobernará “con humildad y sin descalificaciones”. “Me voy a dejar la piel”, ha prometido Cifuentes, que ha cerrado su discurso parafraseando a Kennedy: “Es la hora de la valentía y un tiempo para el desafío, en el que no cabe ni la conformidad ni la complacencia”.

La futura presidenta madrileña, cuya comparecencia ha seguido con atención Aguirre desde la tribuna de invitados, ha alternado su discurso “más social” con otro de talante liberal al adelantar algunas de sus futuras medidas, como, por ejemplo, dar apoyo a los colegios concertados o ayudas para los emprendedores madrileños, a los que ha prometido “apoyo logístico y tecnológico gratuito durante dos años” para la creación de sus empresas. Su objetivo, según ha dicho, es rebajar las altas tasas de paro y convertir el sur de Madrid en una especie Silicon Valley para fomentar la creación de empleo.

Nada más empezar su discurso, que ha durado cerca de una hora y media, ha dejado claro que, a pesar de que se ha visto obligada a cerrar el pacto con el partido de Albert Rivera, el PP “ha sido la fuerza más votada” en Madrid el 24M, logrando 48 diputados frente a los 37 del PSOE, los 27 de Podemos -contra los que no ha vertido ni una sola crítica- y los 17 de Ciudadanos.

A los grupos de la oposición les ha prometido diálogo y les ha tendido la mano invitándoles a cerrar “grandes pactos” tanto en Sanidad y Educación como en regeneración democrática. Aunque no ha querido citar los casos de corrupción que han golpeado el corazón del PP madrileño a lo largo de estos años, como la Gürtel o la Púnica, Cifuentes ha adelantado que será muy exigente con el comportamiento de sus diputados y sus futuros consejeros porque “la política y la corrupción no pueden ir nunca de la mano”. La dirigente del PP ha decidido, además, realizar una auditoría de los últimos gobiernos regionales, presididos por su propio partido.

“Estamos para servir a los ciudadanos, no para servirnos de ellos”. “Donde no llega la ley deben llegar los requisitos de la ética. A los políticos se nos debe exigir un plus de comportamiento”, han sido otras de las frases que ha querido recalcar Cifuentes.

Sobre el pacto con Ciudadanos, ha recordado su compromiso a cumplir el acuerdo pero sin renunciar al programa del PP. De lo contrario, ha afirmado, “asumirá responsabilidades” dado que habrá un Comité de Seguimiento que vigilará que así sea.

También ha mantenido que abrirá en verano los comedores escolares. O la eliminación del Consejo Consultivo regional, así como la “despolitización” de la Cámara de Cuentas y de Telemadrid.

Entre las escasas novedades que ha anunciado destaca la creación de la Oficina de la Cultura y el Turismo; y una Agencia de Seguridad y Emergencias. Finalmente, ha prometido la elaboración de una nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, en un claro guiño a este colectivo que se siente maltratado por el Gobierno de Rajoy

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