Cs cree que Junqueras cae en la contradicción al recurrir las medidas del Gobierno ante un tribunal que no reconoce

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, considera que las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado viernes para intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña son ajustadas a derecho, en concreto a la Disposición Adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y cree que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, incurre en contradicciones al recurrirlas ante el Tribunal Supremo después de haber dicho que no reconoce a los tribunales españoles.

De la Torre admite que estas medidas, como todas las que adopta el Gobierno, son susceptibles de revisión por parte de los tribunales de justicia. Pero cree que no deja de resultar “sarcástico” que el vicepresidente de la Generalitat certifique primero que no se dedica ni un euro público al referéndum, se niegue después a cumplir con la legalidad presupuestaria; acto seguido diga que no reconoce a los tribunales españoles y finalmente “recurra y pida medidas cautelares ante el Tribunal Supremo”.

El dirigente de Ciudadanos ha dejado claro, en declaraciones a Europa Press, que su partido respalda las medidas del Ejecutivo porque tienen una “fundamentación legal”. “Otra cosa es que (Junqueras) no la comparta”, ha precisado al tiempo que recuerda que en España hay un Estado de Derecho y se puede acudir a los tribunales. “Un derecho que los independentistas niegan a los demás”, ha criticado.

En este sentido, recuerda que mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a comparecer el miércoles en el Parlamento para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno para intervenir los pagos de la Generalitat, en Cataluña “los separatistas han cerrado el Parlament”.

Para De la Torre, las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado viernes están “plenamente justificadas porque el jueves, con las cartas de Junqueras y la Interventora General de la Generalitat, se pasó del incumplimiento que ya habíamos denunciado a la pura y dura desobediencia a la legalidad presupuestaria”.

En su opinión, una garantía fundamental a la estabilidad financiera es el cumplimiento de esa legalidad y, por consiguiente --ha insistido-- “está justificado que se adopten medias extraordinarias que garantizan el pago de los servicios públicos y, a la vez, que no se destina el dinero de los impuestos de todos los españoles a finalidades ilegales”.

AMPARO JURÍDICO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Ciudadanos considera que todas las medidas “tienen amparo jurídico de la Disposición Adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

En esa Disposición Adicional se establecen, entre otras cuestiones, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será competente para realizar el seguimiento de la ejecución del mecanismo y de los planes de ajuste, para lo cual podrá solicitar toda la información que resulte relevante, e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.

Asimismo y, en función del riesgo que se derive del seguimiento de los planes de ajuste, del grado de cumplimiento de las condiciones o en caso de incumplimiento del plan de ajuste, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “podrá acordar su sometimiento a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, con el contenido y alcance que ésta determine”.

Además, y para realizar las actuaciones de control, la Intervención General de la Administración del Estado “podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y, en el caso de actuaciones de control en Comunidades Autónomas, concertar convenios con sus Intervenciones Generales”.