Defensa del único acusado que no tuvo acuerdo advierte de nulidad en proceso

El abogado José Luis Fiuza, que representa a Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, el único de los trece acusados que no aceptó hoy llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre la denominada operación Campeón, que investiga una presunta red de corrupción sobre subvenciones públicas, advirtió hoy de que puede haber una serie de “nulidades” en ese proceso judicial.

Los otros doce acusados llegaron hoy a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la celebración del juicio, fijado para el próximo 24 de octubre.

Fiuza señaló a un grupo de periodistas a la salida de la vista preliminar que se celebró hoy en la Audiencia Provincial de Lugo que Rodríguez se considera “inocente” y por ello está dispuesto a “defender su honestidad”, de ahí que se haya negado a una conformidad con la Fiscalía.

El letrado compareció ante ese órgano judicial que trata de dirimir las cuestiones previas del juicio por la operación Campeón, que comenzó en 2011 y puso de manifiesto una presunta red de corrupción en la que están supuestamente implicados empresarios y políticos.

“Se considera inocente de los hechos que se le imputan. No está conforme con llegar a un acuerdo y quiere defender su honestidad y su inocencia”, dijo el letrado.

“La tramitación no ha sido la correcta porque esto tendría que haber ido por la Ley del Tribunal del Jurado. Después, a partir de ahí, hay una serie de nulidades a mayores, que hemos invocado y puesto de manifiesto. Ahora la Audiencia decidirá si tenemos razón o no”, concluyó.

Según expuso en la sala, en la instrucción de la causa se aprecia “un rosario tan florido de nulidades” que se basta para tumbar la instrucción de la operación Campeón.

Fiuza señaló que no hay delito ni presunción del mismo en una conversación entre el principal encausado en la operación Campeón, Jorge Dorribo, y José Antonio Orozco, que dio pie al inicio de una investigación por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Asimismo, el letrado opinó que la jueza Estela San José, que investigó el asunto, tuvo un “irregular comportamiento” en la fase de instrucción.

Según el abogado, la jueza “ni una sola vez” acreditó la conexión entre los diferentes delitos investigados y el servicio de Vigilancia Aduanera actuó “como oficina policial” e incluso “judicial”, en vez de seguir el dictado de la propia instructora.