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El Defensor del Pueblo de Colombia y un alcalde recurren a la CIDH por la crisis con Venezuela

El conflicto colombo-venezolano se internacionaliza

EFE

Washington —

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El Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, y el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, acudieron hoy a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para pedir medidas cautelares ante la crisis fronteriza con Venezuela.

El Defensor del Pueblo quiere que la CIDH exija a Caracas que ponga fin a “su violación sistemática de los derechos humanos de los colombianos que hoy continúan en Venezuela”, según explicó a los periodistas antes de entrar en la Comisión.

Entre esos derechos, mencionó “el derecho a la unidad familiar, a la locomoción, al trabajo o a la propiedad”.

La petición del Defensor se fundamenta en las visitas de su equipo a la zona y en más de 1.300 quejas formales presentadas ante su oficina por colombianos “irregularmente deportados, desplazados o víctimas de trato inhumano”.

El Defensor denunció asimismo que hay más de 70 colombianos “privados de libertad” en Venezuela que, “según el Gobierno venezolano están detenidos formalmente, pero de los que sus familias no saben nada, ni si tienen un juicio”.

Poco antes del Defensor, acudió a la CIDH el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, para pedir una investigación sobre las deportaciones de colombianos en la frontera con Venezuela y 16 medidas cautelares.

“De nada sirven las medidas cautelares si ellos no verifican, yo no estoy pidiendo que ellos tomen medidas cautelares porque yo lo digo; vayan, vayan y miren”, dijo el alcalde en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la CIDH con una maleta de viaje cargada de pruebas para sustentar su denuncia.

Las medidas cautelares, acción que toma la CIDH cuando considera que la integridad o vida de una persona está en riesgo, afectarían en este caso a 16 grupos de individuos, entre ellos “1.512 niños que no pueden ir a la escuela” y los colombianos deportados que tienen bienes en Venezuela y no pueden ir a recogerlos.

“Tengo pruebas de personas que los han deportado por ser colombianos, personas golpeadas por los guardias, mujeres que han sufrido abusos sexuales de los guardias, 1.512 niños que viven en Venezuela y no pueden pasar a sus escuelas en Colombia”, explicó el alcalde.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitará la zona de Colombia fronteriza con Venezuela a invitación del alcalde de Cúcuta este sábado día 5 de septiembre.

El alcalde de Cúcuta también visitó hoy las oficinas de Human Right Watch (HRW) en Washington para pedir a esa organización pro derechos humanos que siga analizando la situación y acuda a la zona.

La crisis entre ambos países arrancó el pasado 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

Según un informe difundido este lunes y realizado por funcionarios de organismos de la ONU que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido repatriados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros 10.000 regresaron a su país “por miedo”.

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