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Ecuador eleva al Tribunal de Estrasburgo la crisis hipotecaria española

El Defensor del Pueblo presenta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda por el caso de un ciudadano ecuatoriano obligado a abandonar su vivienda

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El Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, presentó ayer en el Tribunal de Estrasburgo una demanda por el caso de un ciudadano ecuatoriano afectado por la crisis hipotecaria española y obligado a abandonar su vivienda.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo ha explicado que la decisión de apoyar la causa de L.A. Solórzano se debe a que es un "caso paradigmático, ya que representa la situación de muchos ecuatorianos y habitantes de España".

Para Rivadeneira, el pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo acerca de esta situación se convertiría en un precedente "para la creación de un marco normativo que permita a los ciudadanos y ciudadanas de España superar el conflicto ocasionado por la crisis hipotecaria y promover el acceso a la vivienda social como una garantía para vivir una vida digna en una democracia que se sustente en los derechos humanos".

Desde el mes de diciembre de 20011, el Defensor del Pueblo y la Embajada de Ecuador de España ofrecen asesoría legal gratuita a los ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria. La ayuda a Solórzano se produce después de  agotar todas las instancias judiciales españolas y se identificasen "varias causas de violación de derechos y privación de justicia en los casos". De ahí que se acudiera a Estrasburgo.

Según el Defensor del Pueblo ecuatoriano, se violó el derecho a la defensa "ya que desde el momento de la firma del contrato hasta la ejecución hipotecaria, el deudor no tiene la posibilidad de impugnar por sus derechos fundamentales". Por ello, solicitan al Tribunal "la modificación de la normativa procesal española".

Rivadeneira ha denunciado además que, como consecuencia de la crisis, "las familias que viven en España están condenadas al pago de una deuda externa, a la exclusión social y pobreza; privándolos a más del derecho a la vivienda, a otros derechos conexos, derechos a la educación, salud, derecho a la intimidad familiar, derecho a una vida digna, entre otros".

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