El Defensor del Pueblo catalán critica a los tribunales por sus condenas por la consulta del 9N

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, ha explicado que el informe concluye que las instituciones del Estado deberían evitar combatir por la vía judicial el proceso soberanista y, por lo tanto, a los cargos que lo avalan, ya que Ribó solo lo ve justificable en casos de “extrema violencia, tumultos y verdadero riesgo para la integridad del Estado”.

Así, el informe del síndic constituye una crítica general a los procesos judiciales abiertos contra Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, así como contra la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, el concejal de Vic Joan Coma y varios concejales de Badalona por otras iniciativas soberanistas, y también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa.

“Recomendamos evitar el recurso a la vía penal para la solución de los conflictos políticos. Las medidas contra cargos electos se tendrían que limitar tanto como fuera posible”, ha sentenciado Ribó, que ha añadido que la consulta del 9N fue una acción política que debió responderse desde la política y no por la vía judicial.

El informe sitúa como uno de los orígenes del problema la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que impulsó el Gobierno central en la pasada legislatura y concluye que esta iniciativa “desdibuja la separación entre poderes en España al otorgar potestad sancionadora” al Alto Tribunal.

En opinión de Ribó, otra fuente de problemas ha sido “la influencia” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ejercido sobre la Fiscalía y que, a su juicio, se evidenció cuando los fiscales reconsideraron su posición inicial de no llevar la consulta del 9N ante los tribunales.

FERNÁNDEZ DÍAZ

El informe también muestra su perplejidad por que la conversación con “contenido conspirador” entre exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso no se hayan investigado por parte de la justicia, ni tan siquiera como se filtró su contenido.

Más allá de la realidad política catalana, el documento que ha presentado Ribó también denuncia el abuso de la vía penal en “supuestos casos de delitos de incitación a la violencia y al odio o por enaltecimiento del terrorismo” como los de los titiriteros de Madrid o de la usuaria de Twitter Cassandra.

SITUACIÓN EN CATALUNYA

El informe que ha presentado el Síndic de Greuges también alerta de que “el aparente deterioro de la calidad democrática” no es patrimonio exclusivo de la instituciones del Estado, y pone de ejemplo las polémicas declaraciones del dimitido senador de ERC Santi Vidal donde afirmaba que la Generalitat tenía de forma ilegal datos de los ciudadanos.

Para ejemplificar este posible deterioro, el Síndic también recuerda que se animó a los funcionarios a librar de su puesto de trabajo para acudir a “apoyar al expresidente Mas” el día del juicio, una propuesta que lanzó la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs.

El síndic ha pedido que el informe, que se titula 'Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España', se debata en el pleno del Parlament y ha explicado que su contenido también se ha trasladado al comisario europeo de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo y al Congreso de los Diputados, entre otros.