La Defensora del Pueblo pide a la Fiscalía actuar por los atentados de ETA no resueltos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que continúe las actuaciones procesales emprendidas para intentar la depuración de responsabilidades penales en los atentados de la banda terrorista ETA no resueltos, que se estima superan la cifra de trescientos.

Lo plantea en el estudio “Los derechos de las víctimas de ETA. Su Situación actual” encargado en abril de 2015 por el Congreso de los Diputados y que la Defensora ha presentado en las Cortes, con 17 recomendaciones al Gobierno y a la Fiscalía General para mejorar la defensa de los derechos de las 864 víctimas mortales y de los más de 2.500 heridos por el terrorismo etarra.

Comenta que el número de crímenes de ETA no resueltos “es aún elevado, realidad que agrava la dolorosa situación de los familiares afectados y de los heridos” y la dispersión de archivos en los que se encuentra documentación relevante sobre los mismos dificulta el conocimiento por las víctimas de los casos que les afectan.

No obstante recuerda que en 2015 en paralelo a la admisión a trámite de una queja interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia, solicitó a la Fiscalía un análisis de los casos “en los que procedan actuaciones procesales para intentar la depuración de responsabilidades penales” de los 377 crímenes de ETA que se estimaba existen sin resolver.

Ahora la Defensora del Pueblo solicita a la Fiscalía evitar la prescripción de dichos atentados y ejercer las iniciativas pertinentes en el procedimiento de extradición de aquellos etarras que no estén a disposición de la justicia española y tienen causas judiciales pendientes en España.

Asimismo que valore la conveniencia de profundizar en la aplicación del concepto jurídico de crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA.

Al Ministerio del Interior le reclama analizar con la participación de las asociaciones de víctimas del terrorismo las posibilidades de perfeccionamiento de la ley de reconocimiento y protección integral a las mismas con especial atención a la equiparación de indemnizaciones.

Explica que la cuantía de las indemnizaciones que perciben del Estado las víctimas del terrorismo es diferente en función de la existencia o no de sentencia judicial y los plazos para solicitarlas ha dejado fuera de su percepción a algunas por desconocimiento u otras razones.

Además reforzar los programas de asistencia psicológica tanto a heridos y supervivientes de atentados como a familiares de fallecidos y de lesionados.

Al Ministerio de Justicia le pide unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales por delitos de terrorismo así como la documentación administrativa complementaria.

Igualmente reforzar el derecho de las víctimas a acceder a la información disponible relativa a las investigaciones judiciales realizadas para el esclarecimiento de los hechos y la averiguación de la identidad de los autores.

Al Ministerio de Asuntos Exteriores le plantea establecer un plan de actuación en el ámbito internacional con participación de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de las asociaciones de víctimas para un mejor conocimiento del daño causado por el terrorismo en foros internacionales, particularmente en el ámbito de las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE).

También reforzar la acción exterior para lograr las extradiciones solicitadas por España de los autores de atentados terroristas que se encuentran en libertad en algunos países.

Finalmente al Ministerio de Educación le pide mantener el objetivo de fomentar el respeto y consideración a estas víctimas en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato e incluir el rechazo al terrorismo desde una óptica filosófica y moral en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Defensora del Pueblo advierte de que no existe un registro oficial de víctimas del terrorismo mortales o no ni uno completo que vincule a cada una de ellas con una causa judicial pese a los avances alcanzados en este ámbito.

Además, “el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos no ha sido satisfecho a todas las víctimas del terrorismo de ETA”.

En este sentido señala que la presencia de las víctimas en los foros políticos y académicos internacionales es imprescindible para la construcción de un relato verdadero.