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Defensores ven avances “mínimos” en DDHH al cierre de 2017 en El Salvador

Defensores ven avances "mínimos" en DDHH al cierre de 2017 en El Salvador

EFE

San Salvador —

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Los representantes de dos de las principales organizaciones de derechos humanos de El Salvador aseguraron hoy a Efe que a dos meses para terminar el 2017 han visto avances “mínimos” en este ámbito.

“Los avances han sido mínimos y pocos, y los que se han logrado son con la fuerza de las víctimas y de las organizaciones”, señaló Ovidio Mauricio, coordinador de Tutela Legal “María Julia Hernández”, organización que representa a los sobrevivientes de la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en el proceso legal contra el alto mando del Ejército de 1981.

Mauricio apuntó que “el Estado ha hecho poco” y que “se ha podido comprobar” en la comparecencia del presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, ante la Sala de lo Constitucional en julio pasado, en la que “manifestó que no habían proyectado nada a favor de las víctimas”.

En esa fecha, los juces constitucionales convocaron a representantes de los tres órganos de Estado para que rindieran cuentas sobre el avance en la aplicación de medidas para atender y resarcir a las víctimas de la guerra civil mandadas en una sentencia de 2016 que anuló una ley de amnistía de crímenes de guerra.

“Han sido las víctimas las que han estado presentando proyectos de ley y no han sido escuchadas” porque “el Estado y los órganos competentes no han hecho nada” acotó Mauricio, quien señaló que los procesos abiertos a raíz de la anulación de la amnistía la Fiscalía se ha presentado en las audiencias “como un cajón”.

Por su parte, Eduardo García, representante de la organización Pro-Búsqueda, apuntó que las actividades de la Fiscalía, dirigida por Douglas Meléndez, “van muy lentas” y que “el gran ausente” es el Congreso.

Según García, está pendiente la aprobación de la declaración de cada 30 de agosto como el Día Nacional de la Persona Desaparecida, declarar el Monumento a la Memoria y la Verdad como monumento nacional, y aprobar una ley de reparación para las víctimas.

Además, destacó el lanzamiento del decreto ejecutivo de la Presidencia que da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (Conabúsqueda), que comenzará a operar en 2018.

“Tenemos órganos de Estado que avanzan a diferentes velocidades, pero quisiéramos que hubiera un compromiso de nación para que fueran al mismo ritmo y satisfacer las demandas históricas de las víctimas”, añadió.

Apuntó que el órgano de Justicia “tiene un rezago de más de 30 años desde que se dieron los hechos en el conflicto armado y que ahora muy levemente empieza a investigar”, y pidió que el proceso de la matanza de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981 “marque un precedente”.

Durante los 12 años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del FMLN, ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000.

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