Delegación del Gobierno en Murcia defiende que no hubo carga policial en la manifestación pro-soterramiento del AVE

Ha explicado que como consecuencia de estos hechos, la Policía Nacional procedió a la identificación de una docena de personas sin que se produjeran detenciones.

En un comunicado, la Delegación explica que sobre las 21.30 horas, ante el despliegue de la Brigada de Seguridad Ciudadana, algunos manifestantes “empezaron a sentarse sobre las vías, momento en el que los agentes procedieron a desalojarlos y a ubicarlos detrás del cordón policial para dejar el paso a nivel libre”.

En ese momento, uno de los concentrados, identificado y conocido de la Brigada Provincial de Información, “lanzó una piedra contra los funcionarios policiales”.

Finalizado el desalojo de la vía, se restableció el tráfico ferroviario y alrededor de las 00.25 horas se retiró el dispositivo policial, al tiempo que los últimos concentrados abandonaron el lugar.

La Delegación del Gobierno “reconoce, protege y defiende el derecho de manifestación de los integrantes de la Plataforma Pro-Soterramiento, especialmente en todas aquellas concentraciones que son comunicadas en tiempo y forma”. Sin embargo, asegura que esto “no ha sucedido estos tres últimos días, en los que ciertas actitudes han comprometido seriamente su propia seguridad y la de los usuarios de los trenes”.

Y es que, advierte, es “obligación” de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional “garantizar la seguridad de los ciudadanos y cualquier reivindicación que implique la ocupación de las vías entraña un grave riesgo para su seguridad, incluida y, especialmente, la de esos niños a los que también hemos visto durante estos días ocupar las vías del tren”.

Por ello, apela a la responsabilidad de todos aquellos que, con determinadas actitudes, “enturbian y perjudican legítimas reivindicaciones, como puedan ser las de la plataforma Pro-Soterramiento”.

Aunque denuncia, igualmente, “aquellos actos intolerables de sabotaje, como la quema de maquinaria de ADIF o la colocación de piedras y cemento en las vías, circunstancia que podía haber derivado, si no hubiera sido detectada oportunamente por los técnicos, en una tragedia de descomunales proporciones”; hechos que pueden ser constitutivos de delito tipificados en el Código Penal.

La Delegación del Gobierno recuerda, igualmente, su obligación de defender los derechos de los viajeros, “sistemáticamente vulnerados cuando se cortan las vías y quienes, por otra parte, también exigen y demandan protección y respeto a sus derechos”.

Además, puntualiza que tan solo en lo que llevamos de año, y hasta ayer mismo, un total de 266 trenes “han sufrido retrasos como consecuencia de incidencias de orden público por invasión de las vías, lo que ha generado un retraso de más de 58 horas a los usuarios”. Desde el 20 de noviembre de 2012, el número de trenes afectados asciende a 2.227, lo que provocó un retraso acumulado de 432 horas.