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Denuncian a Dancausa por prevaricación en el desalojo de un centro okupa

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Denuncian a Dancausa por prevaricación en el desalojo de un centro okupa

Denuncian a Dancausa por prevaricación en el desalojo de un centro okupa

La asamblea del centro social okupado "La Morada" de Madrid junto con la Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos (APTDH) ha presentado una denuncia contra la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, por un presunto delito de prevaricación en el desalojo del centro en abril de 2016.

Se trata de la segunda denuncia contra la delegada del Gobierno en Madrid en los últimos días tras la presentada por la Fiscalía Provincial por un presunto delito societario en Mercamadrid, cuando formaba parte de su Consejo de Administración en 2013.

En el escrito presentado ante el juzgado de guardia, la asamblea de "La Morada" acusa a Dancausa de un delito de prevaricación como máxima responsable de las actuaciones policiales ejercidas en el desalojo del centro ubicado en los números 5 y 7 de la calle Casarrubuelos de la capital que tuvo lugar el 20 de abril de 2016.

Los denunciantes explican en un comunicado publicado en su página web que el centro fue comprado al Banco de Santander por la inmobiliaria InmoGlaciar, que a su vez solicitó el desalojo del Centro, si bien el Juzgado de Instrucción número 18 lo denegó en octubre de 2015.

Según las asociaciones, la empresa propietaria decidió actuar por su cuenta y efectuar un allanamiento, que estuvo "amparado y consolidado por la policía".

Es por ello que responsabilizan a Dancausa de un "abuso de poder" porque "dio órdenes a las fuerzas policiales para proteger y apoyar a la inmobiliaria InmoGlaciar que acababa de cometer un delito de allanamiento, consolidando ese delito".

Pero también "porque procedió al desalojo improcedente, sin ninguna orden judicial que lo respaldase y desobedeciendo el auto de un juez que meses atrás había denegado el desalojo del Centro Social".

Y añaden que Dancausa ordenó la detención de 32 personas, quienes a día de hoy siguen sin conocer los cargos que se les imputan, y facilitó a la inmobiliaria una escolta de unos 15 agentes policiales y una patrulla policial durante más de dos meses hasta que el edificio al fin fue demolido en junio de 2016.

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