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Desaparece un trabajador taiwanés de una ONG y se teme que esté bajo arresto

Desaparece un trabajador taiwanés de una ONG y se teme que esté bajo arresto

EFE

Pekín —

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Lee Ming-cheh, un trabajador taiwanés de una ONG que ayudaba a activistas y organizaciones civiles en China, se encuentra desaparecido y se teme que, como ha ocurrido en casos similares de desapariciones en el país, haya sido arrestado por las fuerzas de seguridad chinas, alerta hoy Amnistía Internacional (AI).

Las autoridades taiwanesas tienen constancia de que Lee cruzó a China a través de la región de Macao el 19 de marzo, pero desde entonces se desconoce cuál es su situación y no hay ningún registro de su entrada en un hotel o su arresto, apunta AI en un comunicado.

El taiwanés, que colaboró en el pasado con el proindependentista Partido Democrático Progresista de Taiwán, trabajaba para una organización que ayudaba a grupos civiles y activistas en China, si bien en esta ocasión viajó a este país para gestionar el tratamiento médico de su suegra.

“El hecho de que Lee Ming-cheh haya desaparecido vuelve a generar serias dudas sobre la seguridad de las personas que trabajan con la sociedad civil en China”, manifestó el director de AI en Asia Oriental, Nicholas Bequelin.

Bequelin pidió hoy a las autoridades taiwanesas y chinas que informen a la familia de Lee sobre las gestiones que están llevando a cabo para encontrarle o que publiquen su paradero.

La mujer de Lee contactó con la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Macao y allí le confirmaron que había abandonado esta región administrativa especial.

El caso recuerda la larga lista de disidentes, activistas, abogados u otros trabajadores de ONG que desaparecieron y meses después reaparecieron bajo custodia china.

En muchos de estos casos, las personas estuvieron sometidas a confinamientos en centros de detención secretos, donde la ley china permite mantener a un ciudadano hasta 6 meses sin la obligación de informar sobre su paradero ni de permitirle contactar con un abogado o su familia si ello puede poner en peligro la seguridad del Estado.

Grupos de derechos humanos advierten de que esta medida, conocida bajo el nombre de “vigilancia residencial en una ubicación determinada”, da lugar a torturas que quedan impunes ante la falta de controles.

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