Desmantelan una banda en Euskadi que ha cobrado 375.000 euros de ayudas sociales

La Ertzaintza ha detenido a seis personas, cuatro de ellas en Vitoria y dos en Ordizia (Guipúzcoa), acusadas de componer una organización delictiva para el cobro fraudulento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con la que habrían estafado alrededor de 375.000 euros.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad en una nota, la operación se ha llevado a cabo esta mañana y se han registrado cuatro inmuebles.

Todos los detenidos tienen vinculaciones familiares y son de origen paquistaní.

La operación ha permitido completar otra anterior que se inició en enero y que tenía como finalidad desmantelar una organización dedicada al cobro fraudulento de la Renta de Garantía de Ingresos en Álava.

En febrero, la Policía vasca detuvo a uno de los integrantes de la banda, que cobraba “varias” RGI con identidades falsas, y a partir de ahí consiguió encauzar la investigación hasta completar la identificación del resto de los implicados y esclarecer su elaborado “modus operandi”.

Fue Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, el que dio la voz de alarma en enero tras detectar una serie de irregularidades en la documentación presentada por algunos beneficiarios de la RGI, en concreto, datos sospechosos en los certificados de empadronamiento.

A raíz de la denuncia, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Álava puso en marcha una investigación que permitió la detención en febrero de uno de los supuestos integrantes de la trama.

A partir de ahí, la Policía vasca comprobó que las falsificaciones no se limitaban a los certificados de empadronamiento, con los que simulaban tener una residencia mínima de tres años, exigible para el cobro de la RGI, sino que incluían el conjunto de documentos necesarios para las solicitudes y el cobro de esta ayuda social.

Los delincuentes utilizaban pasaportes paquistaníes reales como base para sus falsificaciones, lo que ha incrementado notablemente la complejidad de la investigación.

Con los documentos falsificados, en los que se recogían identidades inexistentes, los delincuentes realizaban los correspondientes trámites de acreditación ante los servicios asistenciales y en las entidades bancarias.

El entramado se completaba con un sofisticado sistema de alquileres y subalquileres de viviendas para hacer más complejas las verificaciones de los datos de los falsos beneficiarios.

Hasta el momento, la Ertzaintza ha detectado la existencia de un total de 35 expedientes fraudulentos, que habrían permitido a la banda defraudar hasta 375.000 euros.

No obstante, esta cifra podría ser superior ya que la investigación continúa abierta.

Los arrestados serán puestos a disposición judicial una vez completadas las diligencias policiales.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha felicitado a los servicios de investigación criminal de la Ertzaintza por su “diligencia y eficacia” y ha destacado que la colaboración con Lanbide ha sido “decisiva”.