Detenidos 15 empresarios en Ciudad Real por un fraude a la Seguridad Social

La Policía Nacional de Ciudad Real ha detenido a quince empresarios como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa a la Seguridad Social, que podría haber generado una deuda con este organismo de 350.000 euros.

Los empresarios han sido detenidos en una operación que aún se mantiene abierta y en cuyo desarrollo no se descartan nuevas detenciones, según ha informado hoy en una nota de prensa la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En la intervención han participado cinco unidades operativas de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Oviedo.

Además de la detención de estos quince empresarios, se ha procedido a la imputación de otras nueve personas más por los delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y estafa en relación con sus altas fraudulentas en una empresa ficticia.

La investigación se inició a raíz de las actuaciones inspectoras en materia laboral por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real en una empresa de construcción.

Esta empresa había sido utilizada de manera instrumental para permitir el acceso indebido a prestaciones y ayudas del erario público, mediante simulación de la contratación laboral de las personas que figuraron de alta en la Seguridad Social como supuestos trabajadores de la misma, cuando la empresa carecía de cualquier actividad laboral, ha indicado la Delegación del Gobierno.

Asimismo, ha indicado que el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros en España.

La forma de operar de estos empresarios consistía en captar ellos mismos, o a través de intermediarios, a personas (en su mayoría ciudadanos extranjeros no comunitarios) en precaria situación económica, que se encontraban en situación de desempleo.

Estas personas habían desarrollado con anterioridad una actividad real en otras empresas y no reunían los períodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones y o subsidios por desempleo.

Les ofrecían contratos de trabajo, que en ningún caso amparan una relación laboral efectiva, así como el consiguiente alta en la Seguridad Social como trabajadores de la empresa, a cambio de diferentes cantidades de dinero.

En ocasiones, abonaban el dinero al formalizar el contrato y la tramitación del alta en Seguridad Social, y otras veces lo hacían realizando pagos sucesivos durante el tiempo que estos trabajadores figuraban en situación de alta, por el importe de las cuotas que habrían de ingresarse en dicho organismo, pero que en ningún caso se ingresaban, ya que se las apropiaba el propio empresario.

Cuando los supuestos trabajadores de la empresa reunían los mínimos periodos de carencia, eran dados de baja, facilitándoles los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), “y cobrar de forma fraudulenta prestaciones y/o subsidios por desempleo del erario público”, o en el caso de ciudadanos extranjeros, renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo en España, o reagrupar a sus familiares.