Díaz, Chaves y Griñán cierran la comparecencias de la comisión de los cursos de formación salpicada de polémicas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y sus antecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Manuel Chaves cierran el lunes y martes una ronda de comparecencias de la comisión de investigación de los cursos de formación salpicada de polémicas, a la espera de decidir si hay más declaraciones.

La comparecencia de la presidenta, prevista para el martes por la tarde, supondrá el colofón de la ronda de citaciones, poniendo el punto y seguido a casi setenta interrogatorios para analizar las concesiones de subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 hasta la actualidad.

El martes también comparecerá el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, mientras que el lunes por la tarde lo harán los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y previamente la exconsejera de Educación, Mar Moreno.

La comparecencia del exconsejero de Educación Luciano Alonso, que se fijó también para mañana, se retrasará, ya que ese mismo día ha sido llamado a declarar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa por un nombramiento.

Durante estos tres meses de comparecencias, la comisión no ha estado exenta de polémicas e incluso ha tenido que recurrir a los letrados de la Cámara en varias ocasiones para decidir su proceder.

La incomparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, apoyada en un informe del Consejo de Estado, ha supuesto uno de los principales sobresaltos de la comisión y el principal motivo de crítica de todos los grupos -salvo el PP- en las últimas semanas.

La comisión encargó un informe a los servicios jurídicos del Parlamento, cuyas conclusiones, conocidas esta semana, sostienen que no existe base para entender que esa incomparecencia pudiera constituir un delito y por tanto no procede instar a la intervención de la Fiscalía, como así se había barajado.

Ese mismo informe también se refiere a otra de las polémicas de la comisión, el “plante” del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, que compareció pero abandonó la comisión tras realizar una exposición sin permitir las preguntas de los diputados, para lo que tampoco consideran acudir a la Fiscalía.

La ronda de comparecientes termina sin que hayan llegado al Parlamento todos los expedientes que pidieron los grupos, lo que ha conllevado las continuas críticas de los grupos de la oposición, especialmente del PP, que considera que faltan documentos “clave”.

En abril la Junta comenzó a enviar al Parlamento cajas con documentos originales, con la intención de mandar más de 40.000, ya que defendían que era todo lo solicitado, pero un mes después la comisión acordó pedirles que retiraran lo que habían enviado y criticó la fórmula para hacerles llegar la documentación, ya que así se dificultaba la investigación de los expedientes.

Con habituales broncas en la comisión, principalmente entre PP, PSOE y el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), por el uso de los tiempos o por las “alusiones” de unos y otros, la comisión ha sustanciado casi setenta comparecencias con llamativos titulares.

Entre ellos, afirmaciones tan contrapuestas como las del funcionario Teodoro Montes, testigo protegido de la juez Alaya, quien denunció que los cursos de formación han sido “el negocio del siglo” para la Junta; y las del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien sostuvo que el presunto fraude es un “bluf” generado por la “catarsis y nerviosismo” que se produjo en Andalucía y que afectó a los interventores a raíz del caso de los ERE.

El empresario y exconsejero socialista Ángel Ojeda, principal implicado en el presunto fraude, redujo todo lo ocurrido entre sus empresas y la Junta a “irregularidades administrativas, ni siquiera contables”; y su cuñada, Teresa Florido, que fue directora de Formación Profesional, dijo que no sabía que él se dedicaba a esas actividades hasta que llegó al cargo.

Una de las revelaciones más llamativas, sobre la que los grupos han basado después muchas de sus preguntas, fue la del presidente de la Asociación para la Formación y el Fomento de la Agroganadería Andaluza (Affoaan), José María Pérez González, quien dijo que obtenía alrededor de un 20 por ciento de beneficio con los cursos.

Javier Martín, alumno de un curso de elaborador de productos cárnicos, fue muy gráfico al denunciar irregularidades en los cursos: “Tengo un título dado por la Junta pero yo no soy capaz de elaborar un chorizo”.

Los interventores provinciales de la Junta en Córdoba, Granada, Huelva y Jaén coincidieron en el cúmulo de irregularidades que se daba en los expedientes de las subvenciones, que en algunos casos alcanzaba al “cien por cien” de las ayudas.

Sin embargo, todos los altos cargos que han pasado por la comisión han defendido la legalidad del procedimiento, el control al que se sometían las ayudas y sus beneficiarios, y han negado en cualquier caso trato de favor a determinados empresarios.