Díaz plantea un gran acuerdo anticorrupción y que estos delitos no prescriban

La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha propuesto hoy a los grupos parlamentarios andaluces que firmen un gran acuerdo anticorrupción que sea “ambicioso” y ha prometido que si es investida trabajará para llevar al Congreso una iniciativa para que los delitos por corrupción no prescriban.

En su discurso de investidura, Díaz ha prometido más de una decena de medidas en lo que ha denominado como “el paquete anticorrupción más ambicioso que ninguna administración haya puesto en marcha”, en la que se incluye que los partidos con dirigentes que se hayan financiado ilegalmente deban hacerse responsables patrimonialmente, que las fuerzas remitan sus cuentas a la Cámara de Cuentas o que se “aparte” a los imputados por estos delitos.

El paquete normativo planteado por Díaz contiene la remisión por todos los partidos políticos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y su publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones y que los cargos institucionales que perciban sueldo público no reciban de los partidos ninguna remuneración complementaria o hacer públicas la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo y de sus cónyuges.

En la siete medidas, Díaz plantea que los partidos que se haya financiado ilegalmente a través de la corrupción de sus cargos deben hacerse responsables patrimonialmente de estos actos, la remisión anual de la cuentas de los partidos a la Cámara de Cuentas y que los ciudadanos tengan acceso por internet a los procedimientos de control de los partidos.

Además, propone que los partidos cuenten con órganos internos anticorrupción con funciones “preventivas y de control”, ha señalado la candidata, que ha apostado por “separar de inmediato” a los cargos públicos imputados por corrupción.

“También a quien mienta o manipule sobre su currículum o cualificación personal o académica. Los imputados por corrupción política no formarán parte de las listas electorales”, ha zanjado.

Díaz, que ha apostado por establecer el compromiso de que los candidatos sean elegidos mediante primarias, ha propuesta la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, aunque en el mismo sentido ha avanzado la aprobación de una ley de buen gobierno y estatuto de altos cargos, la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico con otra actividad profesional o reforzar la normativa para evitar las llamadas “puertas giratorias”.

La presidenta en funciones se ha comprometido en su discurso a avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos mediante la aprobación de una ley andaluza de subvenciones y a reformar la ley de la Cámara de Cuentas y su acción fiscalizadora.

De otro lado, ha aseverado que también otras medidas en las que el Estado es competente pueden contribuir a la “mayor limpieza y ejemplaridad” de la vida pública.

Por ello, ha propuesto un acuerdo de los grupos en el Congreso para crear el Registro Público Estatal que centralice la información sobre transparencia de los representantes, así como una iniciativa autonómica para la reforma de Código Penal que, entre otras cosas, amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción y que implique que los cargos públicos responderán con su patrimonio y que responsabilidad patrimonial sea imprescriptible.

Esta reforma del Código Penal supondría la tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, según Díaz, que ha apostado por cambiar la ley de contratos y de subvenciones del sector pública aumentar los controles.