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Diferida la audiencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Ecuador

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Diferida la audiencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Ecuador

Diferida la audiencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Ecuador

La audiencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad prevista para hoy en la Corte Nacional de Justicia(CNJ) de Ecuador se difirió debido a un quebranto de salud de uno de los procesados y se desconoce aún una nueva fecha para su realización.

Javier Arregui, abogado de Mario A., uno de los procesados, dijo que su defendido, de unos 67 años, está sometido a valoraciones médicas tras sufrir durante la madrugada un problema de salud.

Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, quien tenía previsto sustanciar el caso, dijo a periodistas que no se puede continuar la audiencia si una persona no puede asistir a ella.

"Lo lógico habría sido que el tribunal instale la audiencia, esperar prudentemente una reacción del hospital para saber cuándo, este oficial que está llamado a proceso, podría asistir", señaló.

Apuntó que "la otra alternativa era iniciar el proceso en ausencia, pero no procesándolo a él", para quien, en ese caso, se hubiesen tenido que hacer nuevas audiencias.

En el caso "Vaca, Cajas, Jarrín", están procesados exmilitares (generales y coroneles) y un general de Policía en servicio pasivo, quienes pertenecieron a lo que la Fiscalía General del Estado llama "estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad".

Las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín integrantes del extinto grupo "Alfaro Vive Carajo", cuyos derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988, durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero, indicó el Ministerio Público.

Juan Pablo Albán, abogado de Vaca, Cajas y Jarrín, escribió hoy en su cuenta de Twitter: "Militares sabotean la instalación de la audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad".

Arregui aseguró que no se trata de un incidente para diferir la audiencia: "En ningún momento porque está presentado un certificado por el hospital de las Fuerzas Armadas", dijo.

En las afueras de la CNJ se apostaron militares en servicio pasivo que portaban pancartas y gritaban consignas señalando, entre otros, que "las Fuerzas Armadas no son terroristas", en tanto que la cúpula de Fuerzas Armadas estuvo presente en la sala donde se tenía previsto que inicie la audiencia pública.

Chiriboga opinó que la presencia de la cúpula no avala lo que se va a discutir "porque no pueden las Fuerzas Armadas intervenir en la administración de justicia, pero me parece que es un tema de espíritu de cuerpo de acompañar a sus excomandantes", apuntó, en tanto que Albán cuestionó la presencia de los militares uniformados.

El fiscal general dijo que aspiran a "que florezca la verdad y que sobre esa verdad, podamos reconciliar a las víctimas con sus agresores en un contexto de sanción en términos de la prueba que podamos presentar y también de, ojalá, darle una reparación adecuada a esas víctimas".

Cajas comentó hoy que su máxima aspiración es que se esclarezca la verdad de lo que ocurrió hace treinta años.

"Nosotros nos levantamos en armas, cometimos acciones ilegales y pagamos, dimos nuestra cara a la justicia. Yo estuve presa dos años por una acusación que no fue comprobada y fui sobreseída", dijo Cajas a la prensa.

Ahora, añadió, piden que aquellos que "torturaron y cometieron esos delitos de Estado, den la cara a la justicia".

Para el juicio han sido convocados 69 testigos y se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos.

En este caso se convocó a juicio a ocho personas, de las cuales tres están prófugas (uno de ellos en Estados Unidos) y no se les puede juzgar en ausencia, según la Fiscalía.

Las víctimas fueron detenidas el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas (noroeste) por militares que les pidieron sus identificaciones y, sin orden judicial, llevados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha.

Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante quince días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales, antes de ser liberados, según el expediente fiscal.

Añade que Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante tres años e, incluso, eliminaron sus datos de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988.

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