Dimite el presidente de la asociación fiscal iberoamericana, Rodrigo Janot

El presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el brasileño Rodrigo Janot, presentó hoy su renuncia por “diferencias internas” con el comité ejecutivo de este organismo durante su asamblea anual, que este año acogió Uruguay con fiscales generales de 21 países.

“Somos una asociación muy amplia, abarcamos muchos países y a veces las comunicaciones no son tan fluidas”, expresó en declaraciones a los periodistas, durante la jornada final asamblearia, el fiscal de Corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz, quién matizó que la renuncia se debe a “una cuestión puntual de comunicación interna con el comité ejecutivo”.

Será el hasta ahora secretario general de la AIAMP, el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, quien ejercerá la presidencia interina de la asociación hasta la celebración de la asamblea del próximo año, cuando estaba previsto decidir el nuevo portavoz.

En una conferencia de prensa destinada a comunicar las conclusiones del encuentro, que se ha celebrado durante dos días en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Chavarría restó importancia a la decisión de Janot, quien “pidió su renuncia y fue aceptada” debido a una “diferencia de criterios” respecto a la que el nuevo presidente prefirió no dar más detalles.

“No es un tema relacionado con una disconformidad con la declaración que firmamos hoy, sino otro tema interno de la asociación”, matizó Chavarría.

El también procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, ausente en el acto, fue reelegido en la asamblea que el pasado año se celebró en Quito por dos años más como presidente de la AIAMP, por lo que todavía le restaba un año de mandato.

Este encuentro, que agrupa a representantes de las fiscalías generales de 21 países de Iberoamérica pretende estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional entre ellos, así como determinar estrategias comunes para enfrentar problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y el tratamiento de víctimas y de testigos.

El principal objetivo de la asamblea de este año, la vigésimosegunda de la historia de la asociación, creada en Brasil en 1954, era realizar una declaración conjunta a favor de reivindicar más autonomía de los ministerios públicos a los que representan, como órganos objetivos e imparciales.

El Ministerio Público o Fiscal conduce las investigaciones criminales y es la autoridad pública responsable de formar la opinión jurídica sobre la existencia o no de una infracción penal.

Se trata de un organismo generalmente estatal, incorporado en los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales de los Estados pero que, según el país, puede gozar de más desarrollo como órgano independiente.

La independencia “es fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades”, aseguró el fiscal general uruguayo en la lectura de la declaración, centrada en exigir “una separación clara entre las funciones de quien acusa y quien juzga”.

El documento suscrito valora “especialmente” el esfuerzo de países como Uruguay, que pretende aprobar en esta legislatura un nuevo código de procedimiento penal con la característica de penal, acusatorio y público.

Además, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, hizo hincapié en la necesidad de acelerar la creación de una Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que permita ampliar las jurisdicciones nacionales en casos de delitos trasnacionales, especialmente en asuntos como la trata de personas.

El lavado de activos, el contrabando, el sicariato (asesinato pagado), son algunos de los delitos que podrían enjuiciarse mediante este tribunal.

El funcionamiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Seres Humanos, la cooperación internacional en materia de drogas o los protocolos en torno a las víctimas de feminicidio fueron abordados en esta asamblea mediante reuniones públicas y privadas, que culminaron hoy con la firma conjunta de la declaración a favor de la autonomía de los Ministerios Públicos.