Diputación de Huelva cree que la Guardia Civil “ha incumplido” la ley por las formas en el registro del pasado viernes

En rueda de prensa, Caraballo ha explicado que desde el ente provincial, cuyos técnicos y trabajadores “han colaborado en todo momento”, entienden que “no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación, con las formas de la Guardia Civil para conseguirla”.

Por tanto, remarca que existe “una vulneración absoluta” del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla. Este artículo señala que “al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción”.

Por todo ello cree que se ha producido “un incumplimiento” por parte de la Guardia Civil de la Ley de Enjuiciamiento criminal ordenado expresamente por el juez, al considerar que han realizado “una interpretación tremendista” del auto del juez.

Asimismo, entiende que el número de efectivos es “absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación”. De hecho, en el interior de las instalaciones, según ha indicado Caraballo, mientras el personal facilitaba la información requerida, “había presencia de agentes armados y uniformados”.

El presidente del ente provincial ha recordado que, con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de este despliegue policial. “Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada”, ha enfatizado Ignacio Caraballo.

El registro se ha llevado a cabo en cuatro despachos de la institución, en el del PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención, de los 115 que existe en esta sede. Por tanto, cree que “no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera”.

Al respecto, ha puesto como ejemplo que “a nadie se le ocurriría cortar el tráfico de una ciudad completa para facilitar el tránsito de una calle” y ha remarcado que “esta desproporción es lo que ha ocurrido en la Diputación: se ha cerrado un edificio entero para inspeccionar cuatro despachos, vulnerando la ley y ocasionando un grave perjuicio a los usuarios de la administración pública y a la imagen de la institución”.

“No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana”, ha precisado Caraballo, quien ha lamentado que “se paralizara el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil”.

PREVIA A LAS ELECCIONES

En este sentido, asegura que “una actuación tan desmedida por parte de la Guardia Civil, interpretando de manera desproporcionada un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático”.

A su vez, ha recordado que se trata de unas diligencias abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, por lo que ha lamentado que “se haya esperado a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado, habida cuenta de que anteriormente ya se ha facilitado toda la información requerida”, ya que este tipo de actuaciones, a su juicio, “provoca un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía contra las instituciones democráticas, sin justificación alguna”.

Además, asegura que “no se está dañando la imagen del presidente y del equipo de gobierno, sino la de una institución democrática y de los propios empleados”, ya que a causa del registro “se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos, dinero que pagamos todos los españoles, con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil”, por lo que se ha preguntado “¿quién se va a hacer responsable de todo esto?”, por lo que cree que “alguien tendrá que dar explicaciones”.

RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS

En cuanto al PFEA, los objetivos son combatir el desempleo y realizar obras en los municipios, unos objetivos que “también los persiguen la administración del estado y la Junta, ya que sin la implicación de las tres administraciones, sería inviable crear anualmente 8.500 puestos de trabajo en la provincia”.

En todo momento desde la Diputación “han respetado los procedimientos”, a lo que ha añadido que el PFEA es “un programa muy garantista, con controles a priori y a posteriori por parte del Ministerio y de la Junta”.

Por último, por lo que respecta a la denuncia de Tharsis, la que únicamente conocen por lo que ha salido en los medios de comunicación, ha afirmado que “la actuación de la Diputación de Huelva es irreprochable: lanzamos una oferta genérica para un puesto de encargado con una experiencia de seis meses; el SAE envía la preselección de dos personas, como hace siempre; convoca a los preseleccionados y se presenta sólo uno, y la Diputación lo que hace es contratar al único candidato que se presenta”, ha concluido.