La Diputación de Ourense rechaza investigar los contratos de Baltar e irá a la Justicia

El Gobierno de la Diputación de Ourense ha votado hoy en contra de la comisión de investigación sobre las contrataciones de personal durante los últimos 20 años, y su presidente, José Manuel Baltar Blanco, ha anunciado que se tomarán las acciones civiles y penales necesarias para defender el honor de esta institución.

Esta petición de comisión, auspiciada por los socialistas, surgió después de que un juzgado de Ourense aceptase una querella de la Fiscalía, que parte de una denuncia del PSdeG, contra el expresidente del ente provincial José Luis Baltar Pumar por un supuesto delito de prevaricación continuada en la contratación de más de cien personas en 2010.

Estos contratos se producirían en los días previos a la celebración del congreso provincial del PP que ganó José Manuel Baltar Blanco, hijo del veterano dirigente, y la persona que actualmente está al frente de la Diputación ourensana.

Baltar Pumar deberá acudir el próximo 4 de febrero a las 17.00 horas al Juzgado de Instrucción número uno de Ourense para prestar declaración.

El portavoz del PP, Plácido Álvarez Dobaño, ha argumentado en el pleno extraordinario celebrado este mediodía que “siempre ha habido total transparencia en la consulta de documentos”, y por eso el Gobierno de la Diputación ourensana no ha considerado necesaria esta comisión.

En esta misma sesión, el presidente provincial, Manuel Baltar, ha cerrado el debate con el anuncio de que desde la Diputación se tomarán las “acciones civiles o penales necesarias” para garantizar “la defensa del honor de esta institución”.

En su primera intervención, el portavoz socialista, Ignacio Gómez, recordó que los casos recogidos en tal querella no suponen más que “la punta del iceberg” de una situación de “caciquismo y política clientelar”.

Entre las prácticas que Gómez ha puesto de manifiesto destacó la inadecuación de titulaciones solicitadas para los puestos vacantes y la falta de “transparencia, igualdad, publicidad y valoración de méritos”.

“Para asesor de comunicación no se requería la licenciatura en periodismo, y el beneficiado fue justamente quien no tenía ese título”, utilizó como ejemplo para ilustrar la situación que bajo su criterio se da.

En cifras, Gómez destacó que de “entre todos los empleados que dependen de la Diputación, tan solo hemos conseguido encontrar 15 personas sin vinculación al Partido Popular”.

En esta misma línea, Leopoldo Rodríguez, por el BNG, sentenció que en todos estos años “familias enteras vinculadas al Partido Popular han consolidado su puesto de trabajo”. Como ejemplos llamativos de las “malas prácticas” en las contrataciones de la Diputación, destacó el caso concreto del centro ecuestre, “donde hay 17 empleados y solo 15 caballos”.

Además, el BNG recordó un caso de 2003 en el que fue obligatorio repetir un examen de oposición por “defecto de forma”.

Ambos grupos de la oposición han coincidido en calificar la política de José Luis Baltar Pumar como “caciquil” recordando que decir “cacique bueno”, así se autodenomina Baltar Pumar, “es como decir círculo redondo”.

Leopoldo Rodríguez fue más allá al asegurar que José Manuel Baltar Blanco continúa por este mismo camino “cambiando el estilo decimonónico de su padre por uno con más glamour”.

Ante todas estas acusaciones, Álvarez Dobaño ha aclarado que el caso de 2003 al que aludieron los nacionalistas se debió a que José Luis Baltar Pumar ofreció un tiempo extra para la realización de una prueba con el consentimiento de todos los participantes y que esa fue la causa por la que hubo que repetir el examen.

También respondió a las afirmaciones que apuntaban a que las contrataciones objeto de la querella se realizaron para modificar el resultado del congreso del Partido Popular: “solo seis de los 42 empleados que comenzaron a trabajar antes del congreso eran compromisarios, lo que supone un 0'49% del total”, ha remarcado, e insistió en que se trataba de contratos temporales.

Sin embargo, el portavoz socialista rebatió este argumento preguntando si “el resto de los contratados no eran familiares de compromisarios”.

Pero este no fue tampoco el último cruce de acusaciones. El Partido Popular tachó a la oposición de tener “doble moral” al tomar “la callada por respuesta” en relación a cuestiones como la implicación del exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG) en la 'Operación Pokemon' o casos de irregularidades en la ayuda a domicilio, o con los paneles informativos.

Por su parte, el BNG y el PSOE criticaron la falta de “transparencia, publicidad, igualdad y méritos” en las contrataciones de la Diputación. Mientras los nacionalistas reflexionaron sobre la pérdida de población y el repunte migratorio de la provincia, los socialistas aseguraron que conocen “docenas de casos irregulares que merecen el debate político”, ya que, si de responsabilidad política se tratase “todos los diputados del PP deberían estar en sus casas”, concluyó Gómez.

Tras las argumentaciones y antes de las votaciones, el PSOE trató de solicitar la “abstención de la votación” de aquellos miembros que tengan intereses o relación de consanguinidad con contratados en los últimos 20 años apelando a la legislación y la “obligación moral”.

Con todo, todos los diputados pudieron ejercer su derecho y la creación de la comisión fue rechazada. Desde la oposición no comprenden cómo se niega una investigación que podría “arrojar luz sobre las acusaciones, si realmente no tienen nada que ocultar”.