Diputado de PRC formaliza querella contra el presidente cántabro por delito de calumnias e injurias con publicidad

El vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria y diputado del PRC, Javier López Marcano, ha registrado este lunes en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) una querella criminal contra el presidente regional, Ignacio Diego, por posibles delitos de calumnias e injurias verbales con publicidad.

Tal como anunció la semana pasada, tras la incomparecencia de Diego al acto de conciliación previo y su negativa a disculparse, López Marcano ha formalizado una querella al entender que el presidente “tergiversó malintencionadamente la verdad” con el único fin de desprestigiarle, cuando valoró a preguntas de los medios de comunicación las diligencias judiciales archivas que el diputado Carlos Bedia dio a conocer en la Comisión de Investigación de Cantur, en las que se le mencionaba en relación con una supuesta trama de cobro de comisiones vinculada a la adjudicación de una obra en el Campus Comillas.

Según argumenta en el escrito de denuncia, Diego presentó como “hechos ciertos” lo que para el Juzgado de Instrucción Número 1 de Medio Cudeyo fueron “meras conjeturas”, con lo que imputó al diputado regionalista “un delito de cohecho, al aseverar su pertenencia a una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de tratos de favor en la adjudicación de obras”.

Además, “profirió numerosas frases y expresiones en su descrédito personal” que suponen “una grave afrenta y un atentado contra el honor del querellante, a quien ha desprestigiado y ofendido públicamente, imputándole conductas delictivas, a sabiendas de su falsedad, que dañan gravemente su consideración y reputación social”.

Asimismo y al presentar como “hechos indiscutibles” la supuesta existencia de una trama de corrupción vinculada con la adjudicación de obras, “apoyándose en la pretendida irrefutabilidad de documentos oficiales provenientes del Juzgado de Medio Cudeyo” y omitiendo que ninguna de las declaraciones contenidas en esos documentos tuvieron la consistencia suficiente para que dicho Juzgado acordara proseguir la investigación, el presidente ha incurrido en “una manipulación grosera, presentando la realidad a los ciudadanos en forma distorsionada e irreconocible, aderezada con expresiones gravemente injuriosas”.

Para la representación legal de López Marcano, “no hay lugar a dudas sobre la maliciosa intención y la frialdad de ánimo con la que ha actuado el querellado”, cuyas declaraciones “no son fruto de la improvisación, ni del calor de un debate político que hubiera podido enaltecer su estado anímico hasta la obcecación, sino que obedecen a la ejecución de un plan milimétricamente preconcebido y puesto en escena al detalle, para dañar la reputación del querellante, transmitiendo a la opinión pública información carente de cualquier viso de verosimilitud”.

Señala además que las imputaciones realizadas por Diego son “dolosas” y se realizan “con plena conciencia de su falsedad”, dado que conocía previamente que López Marcano no fue objeto de investigación judicial alguna por los hechos que le imputa, que ni siquiera fue llamado a declarar y que la adjudicación de las obras del Campus Comillas no era competencia suya.

También aduce que las palabras del presidente “sobrepasan con creces los límites razonables del ejercicio del cargo público” y del derecho a la libertad de expresión, porque la información ofrecida “no sólo no es veraz, sino que omite conscientemente datos de relevancia vital con temerario desprecio de la verdad”. Tampoco tienen “cobijo” en el ejercicio del cargo de diputado, porque fueron pronunciadas fuera de la sede del Parlamento, en una rueda de prensa en la que no comparecía como parlamentario, sino como jefe del Gobierno.

En este sentido, rechaza el intento de Diego de escudarse tras el diputado Carlos Bedia, que dio a conocer el caso en sede parlamentaria, y lo considera “un reconocimiento implícito de su mala actuación”.

Por todo ello, la abogada de López Marcano solicita la práctica de diligencias para comprobar los hechos denunciados, incluida una declaración del presidente y de los representantes de los medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa.