Diputado venezolano dice que la Ley contra el odio es fascista y busca censurar

El diputado opositor venezolano Tomás Guanipa consideró hoy que la Ley contra el Odio aprobada este miércoles por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente tiene un corte “fascista” que busca “obligar” a los ciudadanos a que no digan lo que piensan.

“Tiene un corte absolutamente fascista. La intención de esa ley es tratar de obligar a los venezolanos a que no digan lo que piensan. No es una ley contra el odio, es una ley contra cualquier persona que pueda pensar distinto”, denunció el parlamentario en una entrevista con el canal privado Globovisión.

Guanipa, que es secretario general del partido Primero Justicia (PJ), resaltó que la tolerancia tiene que ver con el respeto de quien piensa diferente y que en Venezuela quien promueve el odio y la división “es el que apresa a quien piensa distinto”.

Para Guanipa, quien promueve la intolerancia es aquel que “promueve esas políticas de exclusión en las que cualquier persona que piensa distinto tiene que ser criminalizada”, y afirmó que esta ley intenta imponer “una suerte de camisa de fuerza” a los venezolanos y se utilizará en las instituciones para “perseguir” al disidente.

Este miércoles, la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, aprobó una “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio”.

Esta ley castigará con su clausura a aquellos medios que transmitan mensajes que incurran en los delitos contemplados en su texto.

También permitirá inhabilitar a partidos y organizaciones políticas que promuevan el “odio” en el país, prohibiéndoles participar en elecciones en caso de que incurran en delitos de intolerancia y “fascismo”.

El texto prevé asimismo penas de entre 8 y 10 años de cárcel para aquellos funcionarios policiales o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables de “delitos de odio”, y privaciones de libertad de esa misma duración para el personal sanitario que discrimine a la hora de ofrecer atención.

La ley es un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente para acabar con los supuestos mensajes de “odio” social, racial y político que según el oficialismo provocaron la ola de protestas antigubernamentales que azotó al país entre abril y julio de este año y que dejó al menos 120 muertos.