Diputados de IU rechazan el cierre de RTVV y se solidarizan con trabajadores

Los parlamentarios autonómicos de las distintas federaciones de IU han suscrito un manifiesto en el que muestran su “más firme y contundente” rechazo al cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por ser una “agresión contra los servicios públicos”, así como contra la lengua y la cultura propias.

El manifiesto, leído al inicio de la Interparlamentaria que esta formación celebra hoy en Les Corts Valencianes, presidida por su coordinador general, Cayo Lara, muestra también su “solidaridad con los trabajadores afectados por una decisión manifiestamente injusta y antidemocrática”.

El documento acusa al PP de haber decidido “liquidar las conquistas del Estado de bienestar y expoliar sin piedad alguna la riqueza colectiva de los ciudadanos”, y hace un repaso por la historia RTVV como “instrumento de propaganda” política, “escenario privilegiado de la corrupción” y acumulador de deuda.

El cierre de RTVV, indica el manifiesto, es “la culminación de los últimos años de gobierno del PP, representado por casos de corrupción, endeudamiento desbocado para financiar obras faraónicas, destrucción de servicios públicos y de ayudas a los más vulnerables, grandes eventos ruinosos, expolio del territorio, aeropuertos sin aviones y un vergonzoso goteo de cargos políticos imputados”.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha mostrado su rechazo “radical y absoluto” a la decisión del Gobierno valenciano y ha considerado que en la Comunidad Valenciana se ha dado una especie de “tormenta perfecta” que ha derivado en el cierre de la televisión y radio públicas.

Según Lara, el caso de Canal 9 “viene a identificar la acción de gobierno que ha tenido el PP” en una comunidad que tiene, junto con Castilla-La Mancha, la mayor deuda en relación con el PIB y donde “el despilfarro ha sido notorio” y hay “más corruptos por kilómetro cuadrado”.

Ha considerado que el PP ha aplicado aquí su doctrina de “deteriorar lo público para privatizar”, dando en este caso un paso más, al cerrarlo, y ha abogado por “cerrar y privatizar” a quienes son incapaces “por inutilidad o intereses espurios” de gestionar los servicios públicos.