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Duterte pide extender un año la ley marcial en el sur de Filipinas

Duterte pide extender un año la ley marcial en el sur de Filipinas

EFE

Manila —

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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió al Congreso que extienda durante un año la ley marcial impuesta en la región de Mindanao (sur), donde yihadistas del Estado Islámico (EI) tomaron una ciudad durante cinco meses.

“La seguridad ciudadana requiere indudablemente la extensión, no solo por la seguridad y el orden público, sino más importante para permitir al gobierno y la gente de Mindanao continuar con la enorme tarea de rehabilitar y promocionar un crecimiento socio-económico estable y desarrollo”, apuntó el mandatario en una misiva.

La propuesta de Duterte llega 20 días antes de que finalice el actual periodo y en ella pide ampliarlo hasta el 31 de diciembre del 2018 con el objetivo de contener la rebelión de grupos afines al EI y la creciente amenaza de la insurgencia comunista.

Los congresistas filipinos se reunirán antes de final de año para votar la propuesta presidencial.

Duterte declaró la ley marcial el pasado 23 de mayo, día del alzamiento del grupo yihadista Maute que tomó por las armas la ciudad de Marawi, en el noroeste de Mindanao.

El periodo inicial limitado a 60 por la Constitución fue ampliado en julio por los legisladores hasta final del presente año.

Las Fuerzas Armadas de Filipinas recuperaron la urbe tras cinco meses de combates que causaron más de 1.100 muertos y la práctica destrucción de la ciudad, que antes del conflicto albergaba a unos 200.000 habitantes.

Tras ascender al cargo, a mediados de 2016, Duterte inició un acercamiento con el ilegalizado Partido Comunista que permitió la declaración de un breve alto el fuego con su brazo armado, Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).

No obstante, las negociaciones para cerrar un conflicto que perdura desde hace cuatro décadas no dieron sus frutos; y Gobierno y comunistas reiniciaron las refriegas.

La región administrativa de Mindanao es escenario desde hace décadas de conflictos entre el Gobierno y grupos terroristas locales, de los que varios se han adscrito al EI -como Maute o Abu Sayyaf- y donde también operan en zonas combatiente del NEP.

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