EEUU, un país de inmigrantes que vetó a los chinos durante más de medio siglo

Como demuestra el acalorado debate de estos días sobre la reforma migratoria en Estados Unidos y pese a ser un país de inmigrantes, su relación histórica con esta cuestión siempre ha sido de lo más compleja, siendo uno de sus episodios más oscuros el veto a la inmigración china durante sesenta años.

Mediante la ley de exclusión de los chinos, promulgada en 1882, la Casa Blanca negó la entrada a los trabajadores de esa procedencia -atraídos entonces por la fiebre del oro en California y por las posibilidades de empleo en el ferrocarril-, alegando que “hundían los salarios” de la mano de obra autóctona.

Manteniendo aún el veto a los chinos, cuatro décadas más tarde, en 1924, la entonces recién consolidada potencia mundial sentó las bases que regirían el sistema migratorio del siglo XX, al establecerse por vez primera un sistema de cuotas para la cantidad de inmigrantes de cada procedencia que podían llegar a EE.UU.

Para ello, se determinó que éstas debían representar “como máximo” un 2 % de la población originaria de esa procedencia que ya residía en el país, lo que estaba pensado para asegurar la continuidad de una mayoría de raíces norte europeas en la nación, es decir, población blanca y mayoritariamente protestante.

Años más tarde, para dar respuesta a la gran demanda de trabajadores agrícolas durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso de EE.UU. creó en 1942 el llamado “Programa Bracero”, que permitió y reguló la entrada de trabajadores temporales para el campo procedentes del vecino México.

Se sentó así una práctica de colaboración entre ambos países que se extiende hasta hoy día, cuando los “braceros” -como se conoce, en México, a los jornaleros no especializados que emigran temporalmente a otro país- siguen llegando temporada tras temporada al campo estadounidense.

No fue hasta 1943, también en plena Segunda Guerra Mundial -en la que China formó parte de las potencias aliadas junto a EE.UU.-, cuando se derogó la Ley de Exclusión a los chinos -después de 61 años de vigencia-, y se abrieron por tanto las puertas legales del país norteamericano a los inmigrantes procedentes de China.

Dos años más tarde, en 1945, la guerra volvió a propiciar cambios en la política migratoria de EE.UU. permitiendo, a través de la ley de las esposas de guerra, la entrada al país de las mujeres e hijos de los combatientes que regresaban de Europa y el Pacífico.

Ésta supuso que, durante los siguientes tres años, más de 100.000 cónyuges y niños nacidos en el extranjero ingresasen en Estados Unidos.

El sistema de cuotas por países se mantuvo vigente hasta 1965 -cuatro décadas después de implantarse-, cuando el demócrata Lyndon B. Johnson determinó que se diese prioridad en la emisión de visados a aspectos como la profesión, la capacitación y los lazos familiares con ciudadanos estadounidenses.

Aun así, la fecha que más se rememora estos días, en pleno debate sobre la reforma migratoria, es 1986, cuando el presidente republicano Ronald Reagan llevó a cabo la primera gran “amnistía” a los sin papeles, proveyendo de un camino a la ciudadanía a unos tres millones de indocumentados que residían entonces en EE.UU.

Con el mismo ánimo que en el 86, la propuesta actual de reforma del sistema migratorio presentada en el Senado también incluye un camino a la ciudadanía para los once millones de indocumentados que se calcula que residen actualmente en Estados Unidos.

Ya en el siglo XXI, los ataques terroristas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001 supusieron una marcha atrás en los derechos de los inmigrantes residentes en EE.UU. en aras de “la seguridad nacional”, lo que se tradujo en la aprobación de la llamada Ley patriótica.

Desde entonces, la posibilidad de sacar adelante una nueva reforma migratoria que enmiende un sistema que muchos consideran “roto” ha venido planeando sobre el debate político en Washington.

En 2007, con el republicano George W. Bush en la Casa Blanca, se presentó una propuesta de reforma migratoria integral que, pese a contar con el apoyo del propio presidente, fracasó en el Congreso.

El actual presidente, Barack Obama, firmó en 2012 la conocida como “acción diferida”, que supone una prórroga de dos años para aquellos jóvenes que entraron como inmigrantes en EE.UU. de la mano de sus padres siendo menores de edad y que les protege temporalmente de la deportación, a la espera de lo que suceda con la reforma migratoria.

Marc Arcas