La juez de los ERE ordena apertura de juicio oral contra Guerrero y su chófer

La juez María Bolaños, que instruye el caso de los ERE, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo, que supuestamente recibió 1,4 millones de euros en ayudas públicas.

En un auto la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla ordena también la apertura de juicio oral contar el exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, e Isidoro Ruiz, el hombre que presuntamente actúo como “tapadera” de las ayudas concedidas.

Tras recibir las calificaciones de delitos señaladas por las acusaciones, la juez resuelve que el exdirector de Trabajo y su chófer sean juzgados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y asociación ilícita.

Por su parte, el exdirectivo de Vitalia e Isidoro Ruiz serán juzgados por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita.

En el auto, la juez impone a Guerrero una fianza de 1.900.000 euros, a su chófer de 2.100.000 euros, a Antonio Albarracín de 158.000 euros y a Isidoro Ruiz de 585.000 euros.

En esta pieza del caso por los ERE fraudulentos, la Fiscalía Anticorrupción pide 14 de años de cárcel para Guerrero y Trujillo, además de 30 años de inhabilitación y para el exdirectivo de Vitalia por firmar una póliza por 122.648 euros a favor de la madre del chófer.

Además, Anticorrupción pide otros seis años y tres meses de prisión para un socio del conductor, Isidoro Ruiz, que colaboró en montar una supuesta granja avícola que recibió 450.000 euros de dinero público.

Guerrero, uno de los principales acusados en los ERE, concedió en 2004 las ayudas sin tener competencia para ello, y las subvenciones se tramitaron a través de tres empresas creadas solo para recibir el dinero y “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según la Fiscalía.

Tres de las ayudas se aprobaron el 5 de febrero de 2004 y fueron de 450.000 euros como máximo para evitar que se tuvieran que aprobar por los órganos legales, explica Anticorrupción.

El chófer, con el dinero recibido, no ejecutó ninguno de los proyectos de inversión ni contrató al personal previsto en las memorias.

Con el dinero recibido, según la acusación pública, el chófer financió compras de inmuebles y fincas rústicas con fines especulativos, y entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca de Llanos del Sotillo (Jaén), donde tienen el domicilio familiar.

El ex director general, por su parte, recibió de su chófer dinero en efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína.