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La consejera de Economía de Castilla y León declarará por el caso Perla Negra

La consejera de Economía de Castilla y León declarará por el caso Perla Negra podrá decidir si declara por escrito, desde su despacho, o quiere hacerlo en el juzgado, dada su condición de aforada

Tendrá que dar explicaciones sobre las tasaciones del edificio que fijaban un coste de entre 39 y 41 millones, aunque se acabó pagando más de 70

La Junta, personada como perjudicada en el caso y asistiendo jurídicamente a algunos investigados, dice que no hay conflicto de intereses mientras la Policía rastrea cuentas y sociedad del exviconsejero Rafael Delgado 

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Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.

Edificio de la Junta de Castilla y León, sede de las empresas públicas.

La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León declarará en el caso de los sobrecostes del edificio de Soluciones Empresariales conocido como Perla Negra. El juez ha accedido a la petición de Fiscalía y lo ha comunicado a Del Olmo para que decida, ya que es aforada, si va a contestar por escrito o desde su despacho. La otra posibilidad es que Del Olmo prefiera acudir al propio juzgado.

La petición de declaración se produce después que testificase la que fue secretaria general de Economía y ahora delegada del Gobierno en León, Teresa de la Mata, que aseguró no saber nada de dos tasaciones encargadas por la propia Consejería que estimaron que el precio del Perla Negra oscilaba entre los 39 y los 41 millones. Estas valoraciones nunca se presentaron ante el consejo de administración de la entidad encargada de gestión de suelo de la Junta, Gesturcal, que acabó aprobando un contrato de compra de 52 millones de euros, 11 por encima de lo tasado.

Pero además, un informe de la Intervención General del Estado precisó que, a través de conceptos que se facturaron dos veces, la cantidad real pagada por la Junta supera los 70 millones de euros. En este montante no se incluyen los 4,4 millones que se pagó a Unifica Servicios Integrales -el estudio que reformó en negro la sede del PP en la calle Génova- para colocar mamparas divisoras en el edificio, sin que mediase concurso, tal y como adelantó eldiario.es. Esta información provocó que la Junta, que en más de tres años de instrucción no se había personado en la causa, lo hiciese pidiendo una pieza separada sólo para la adjudicación irregular a Unifica, solicitud no atendida por el juez.

La Fiscalía requirió al Gobierno regional que explicase si lo hacía en calidad de perjudicado, en cuyo caso se encontraría ante un conflicto de intereses, por estar asistiendo jurídicamente a varios encausados. La respuesta de la Junta, es que "de lo actuado hasta la fecha en sede judicial se desprende con meridiana claridad que el personal asistido por dichos Letrados no ha tenido ninguna responsabilidad en los hechos" por lo que no observa conflicto alguno.

"En el hipotético supuesto de que en un momento posterior del proceso surgiera dicho conflicto de intereses, la propia normativa administrativa que regula la asistencia del personal dispone de los mecanismos adecuados para solucionarlo sin provocar indefensión a ninguno de los sujetos cuya defensa se asume", asegura el responsable de los servicios jurídicos de la Junta. La situación podría acabar dejando fuera de la causa a la Junta, ya que no es posible estar personada como perjudicada y defensora de los investigados.

Por otro lado, la investigación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) continúa estudiando los movimientos bancarios de 29 empresas, entre las que se encuentran algunas de la Trama Eólica, las de la constructora y promotora del edificio y las de las sociedades del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado. El juez ha autorizado además el requerimiento a la sucursal en España de BNP Paribas Fortis para que remita a la UDEF un extracto detallado de movimientos bancarios desde enero de 2005, con el máximo nivel de detalle, con especificación de todos los conceptos de cada apunte contable, en soporte informático, tipos de cuenta, titulares y autorizados de las mismas, con expresa indicación de lo haga en un plazo máximo de 30 días.

Es en esta cuenta donde la Junta habría ingresado el alquiler de su sede de Bruselas a la sociedad belga Co Louis, que ha resultado ser una sociedad instrumental de la constructora del Perla Negra. La vinculación de la cuenta ya ha sido contrastada por la UDEF, que explica en un informe que pertenece a Urban Proyecta y que la utilizó para comprar por 2,2 millones las acciones de Co Louis poco antes de firmar el contrato de alquiler con la Junta.

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