Ecuador considera desacertado fallo judicial en su contra por el caso Chevron

El Gobierno de Ecuador consideró hoy desacertado el fallo emitido el pasado 6 de junio por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en denominado caso “Chevron II”, que condenó al Estado andino a pagar 96 millones de dólares, con base al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI).

En un comunicado difundido hoy, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) de la Presidencia ecuatoriana recordó que el Supremo estadounidense negó un recurso de revisión presentado por el país andino y ordenó el pago a la gigante petrolera.

Se trata del caso conocido como “Chevron II”, por el que la petrolera demandó a Ecuador por denegación de justicia en unos procesos no resueltos durante el tiempo en que operó en el país entre 1964 y 1992.

La compañía, en su demanda, se amparó en el Tratado Bilateral de Inversiones, que entró en vigor en 1997, cinco años después de que la petrolera abandonara el país.

El fallo de la Corte Suprema y los laudos en el proceso arbitral que lo precedieron, señala el texto emitido hoy por la Secom, ha permitido que Chevron se ampare en la aplicación retroactiva“ del TBI, por lo que consideró la decisión de la máxima instancia judicial de EEUU como ”desacertada y contraria al derecho internacional“.

“El Gobierno ecuatoriano debe proteger, tal como lo ha hecho en estos últimos años, los intereses del país sobre las pretensiones corporativas y, bajo esa premisa, ha ejercido todas las acciones y recursos legales disponibles”, añade el comunicado.

Asimismo, precisa que Ecuador “reconoce las obligaciones que nacen de los tratados y acuerdos internacionales suscritos, pero demanda que éstos se ajusten a los principios del derecho internacional, incluyendo la irretroactividad, el debido proceso y transparencia”.

“El Estado ha reconocido y cumplido con sus obligaciones internacionales en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro”, agregó.

Al mismo tiempo, calificó como “inaceptables” unas declaraciones del portavoz de Chevron, James Craig, quien exigió al país andino cumplir con el fallo en su contra.

Sostiene que es la compañía quien debe “reparar las afectaciones al territorio y sus pueblos amazónicos”, y pagar la multimillonaria indemnización, por unos 9.000 millones de dólares, ordenada por la justicia ecuatoriana.

En un juicio privado seguido por miles de colonos e indígenas de la Amazonía, la petrolera fue condenada en 2011 por la justicia ecuatoriana, pero Chevron se ha resistido a aceptar ese fallo y pagar la indemnización, al considerar que fue víctima de una supuesta trama de complot en su contra.

La Secom, finalmente, dijo que Ecuador “rechaza este tipo de pronunciamientos (de Craig), que buscan presionar ilegítimamente la decisión de los jueces”, por lo que “analiza los procedimientos a seguir, de acuerdo con la ley ecuatoriana y con el derecho internacional que nos ampara”.

El pasado martes, el Gobierno de Quito informó de que estudiaba, junto con la Procuraduría General (Defensa del Estado), “cómo llegar a un acuerdo de pago con Chevron”, por los 96 millones de dólares.