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Elorza quiere que el PSOE reforme el artículo 135 de la Constitución que introdujo Zapatero al final de su mandato

El diputado del PSOE Odón Elorza quiere que su partido impulse la reforma del artículo 135 de la Constitución, que los socialistas introdujeron al final del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con apoyo del PP, para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.

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Elorza quiere que el PSOE reforme el artículo 135 de la Constitución que introdujo Zapatero al final de su mandato

Para ello, el exalcalde de San Sebastián presentó a finales del pasado mes de agosto a la dirección del Grupo Socialista una iniciativa parlamentaria, que todavía no ha recibido una respuesta concluyente. Sin embargo, los socialistas sí tendrán que pronunciarse la próxima semana sobre este asunto, ya que el Pleno del Congreso votará una propuesta similar registrada por la Izquierda Plural y el Grupo Mixto.

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha lamentado que el PSOE no reaccionara a tiempo en este debate y no planteara en su día una iniciativa propia. Así las cosas, el PSOE se va a ver forzado por otro grupo a posicionarse en un debate que ya está generando alguna controversia en el partido.

AHORA EL PSOE ANDALUZ SE ARREPIENTE

Precisamente esta semana, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, reconoció que la reforma de agosto de 2011 fue un "error" y aseguró su federación defenderá que se derogue. "Es un asunto del que nos hemos arrepentido claramente, fue un error que no volveremos a cometer", aseguró.

El 'número dos' del PSOE, César Luena, también admitió ese mismo día que a esa reforma le faltó "asegurar unos mínimos sociales", que "se podría haber hecho". Luena dijo que, pese a ser "una decisión durísima", en esos momentos sólo había dos opciones, o que España fuera intervenida o la reforma, y que el PSOE optó por lo segundo. "Posiblemente eligieron mal", apostilló.

Elorza ya intentó que su grupo impulsara un debate sobre la revisión de la reforma del 135 con la anterior dirección del PSOE, antes de la marcha de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no obtuvo ninguna respuesta. Después de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General, volvió a defender estos cambios y presentó al grupo una iniciativa, que llevaba meses desarrollando con un grupo de trabajo, del que forman parte expertos y economistas.

En esta ocasión, sí mantuvo reuniones con miembros de la dirección del partido, pero la respuesta no ha llegado todavía y la próxima semana tendrá lugar el debate impulsado por la Izquierda Plural.

"GARANTIZAR EL GASTO SOCIAL"

En su iniciativa, Elorza propone pedir al Gobierno que presente en el Congreso, en el plazo de tres meses y tras un proceso de debate en la Comisión Constitucional para "alcanzar el mayor grado de consenso posible", una propuesta de revisión del actual texto del 135 para eliminar la referencia a la prioridad absoluta del pago de los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones, introduciendo una garantía de gasto en favor de derechos y prestaciones básicas de la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia e investigación científica.

Además, aboga por poner en marcha las reformas necesarias en el Reglamento de Estabilidad del Gobierno y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de eliminar el déficit cero y fijar un déficit estructural del 0,5% a partir del 2020.

También defiende flexibilizar los objetivos en la senda de transición y eliminar la prioridad absoluta del pago de la deuda y garantizar un gasto social suficiente que cubra las necesidades báscias de la ciudadanía.

En la exposición de motivos, Olorza reconoce que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero decidió pactar con el PP esta reforma "pensando que era la solución a las amenazas de la crisis", pero lamenta que después, con el PP en La Moncloa, "ha servido para justificar una política de extrema austeridad, recortes de derechos e involución social".

Además, recalca que la decisión del último Ejecutivo socialista "provocó, y aún arrastra, fuertes críticas de la sociedad española que cuestiona la credibilidad de cualquier compromiso en favor de un reparto justo de las consecuencias de la crisis, si no va acompañado de una correción del nuevo texto". .

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