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Empieza el juicio por el atentado en Bangkok del 17 de agosto de 2015
Después de dos aplazamientos y con meses de retraso, hoy comenzó en un tribunal militar el juicio contra los dos acusados por la bomba que causó 20 muertos y 125 heridos en un templo de Bangkok el 17 de agosto de 2015, acción que el Gobierno calificó en su día como el peor atentado sufrido por Tailandia.
Mohamad Bilal, de 31 años, y Yusufu Mieraili, de 27, ambos identificados por las autoridades tailandesas como uigures, una minoría musulmana de la región china de Xinjiang, ocuparon el banquillo de los acusados.
La fiscalía les imputó en noviembre de 2015 diez cargos, entre ellos conspiración, asesinato premeditado y posesión de explosivos.
Los dos acusados, que no hablan tailandés, solicitaron al tribunal que les asignase otro traductor oficial porque el actual lo seleccionó la embajada de China en Tailandia y no confían en él, según los medios tailandeses.
El tribunal, formado por tres magistrados, denegó la petición con el argumento de que con que el traductor sea de la misma nacionalidad es suficiente.
El juicio, que debería haber comenzado en agosto, se ha aplazado dos veces por falta de traductor.
La investigación policial acusa a Mieraili de detonar el explosivo en el santuario hindú de Erawan, situado en el centro comercial de Bangkok y que tuvo que ser reconstruido tras el atentado.
Bilal, también conocido como Adem Karadag, colocó la bomba escondida en una mochila en el centro religioso, según la grabación de una cámara de seguridad que presenta como prueba la acusación.
Ambos acusados admitieron su participación en el atentado durante la investigación policial y cooperaron en una reconstrucción de los hechos, pero luego declararon que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
“No soy culpable y he pasado seis meses en prisión”, declaró Mieraili ante el tribunal el pasado 16 de febrero.
“Me forzaron a firmar documentos que no podía comprender. Cuando me resistí, me amenazaron y torturaron”, denunció en su día Bilal, quien tenía en su domicilio pasaportes falsos y material para fabricar explosivos.
El 11 de febrero de 2016, el entonces jefe de la Policía de Tailandia, Somyot Pumpanmuang, declaró cerrado el caso, tras atribuir la acción a grupos del crimen organizado en represalia por la campaña gubernamental contra el tráfico de personas.
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