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Empresarios chilenos, dispuestos a regular las donaciones a los partidos políticos

Empresarios chilenos, dispuestos a regular las donaciones a los partidos políticos

EFE

Santiago de Chile —

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Los empresarios chilenos que hoy se reunieron con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se mostraron dispuestos a regular las donaciones a los partidos políticos y denunciar los casos de corrupción que se puedan registrar.

Así lo expresaron este martes los líderes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quienes aseguraron que verán cómo “regular de forma debida la relación entre dinero y política”.

El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, explicó a los periodistas que ellos vienen trabajando en un decálogo de conductas para el empresariado y no descartaron sumarse al consejo presidencial para regular la relación entre la política y el dinero.

Cruz aseguró que estudiarán la manera para que los gremios sancionen a los involucrados en acciones ilícitas, en alusión al escándalo político que se desató en los últimos meses por el descubrimiento de aportes ilegales de empresarios a campañas políticas en las últimas elecciones parlamentarias en 2013.

Fue claro en señalar que todos los casos y todas las infracciones deben ser investigadas y sancionadas con todo el rigor de la ley.

El presidente de la CPC comprometió el apoyo de su gremio en la lucha contra los aportes ilegales a la política.

“Vamos a contribuir de la mejor forma para que este tipo de situaciones no se repitan y para eso es importante que definamos hacia futuro la relación dinero y política. Ha habido violaciones graves que no se pueden dejar pasar, que deben tener la sanción correspondiente”, destacó.

Chile ha sido estremecido por uno de los sucesos de corrupción más grande de su historia como el denominado “caso Penta”, y de la reciente investigación judicial al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien está implicado en un millonario negocio inmobiliario que los medios de comunicación han denominado “caso Caval”.

El “caso Penta” se trata de una investigación judicial sobre delitos de corrupción, cohecho y lavado de dinero en el que están implicados políticos de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, los dueños del grupo empresarial Penta y algunos excandidatos presidenciales.

Mientras que el caso de Dávalos Bachelet, descubierto en una investigación periodística, fue denunciado ante las autoridades por grupos de derecha por el supuesto delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, tras un negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Campagnon, accionista de la empresa Caval.

El hijo de la gobernante, que era el director sociocultural de la Presidencia, cargo por el que no percibía honorarios, renunció al puesto el pasado 13 de febrero ante la fuerte polémica que se creó.

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