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Empresarios imputados en el caso 'Madeja' niegan ante el juez haber emitido facturas falsas para Fitonovo

Fitonovo, situada en el epicentro de la trama, está acusada de tener una 'caja B' para sobornar a autoridades y funcionarios

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha interrogado este jueves a Francisco Javier Amieva Rodríguez, administrador de la mercantil Kevin, dedicada al control de plagas urbanas y que realizó trabajos en la agrupación socialista de la Macarena (Sevilla); así como al administrador solidario de la compañía Reyes y Doblas, Fernando Rodríguez Blanco, que han negado haber elaborado facturas falsas para Fitonovo, situada en el epicentro de la trama de corrupción desarticulada con la operación 'Madeja', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El juez, que les ha tomado declaración tras haber interrogado ayer a otros cinco funcionarios y directivos de empresas que negaron haber entregado o recibido dádivas a cambio de contratos públicos, investiga a la red acusada de pagar 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en catorce administraciones, entre ellas el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Sevilla.

Los imputados Francisco Javier Amieva Rodríguez y Rodríguez Blanco han negado las acusaciones, aunque han dicho no recordar todos los detalles al haber transcurrido mucho tiempo desde los hechos investigados. El administrador de la firma Suministros Agrícolas Naranjo, Juan Francisco Naranjo, se ha acogido a su derecho a no declarar.

La sociedad Klevin, de la que Amieva era administrador único, está acusada de simular trabajos de acondicionamiento en la agrupación local de la Macarena (Sevilla), que, en realidad, fueron realizadas por Fitonovo. Las obras fueron facturadas por Klevin mediante facturas falsas por un importe aproximado de 10.000 euros con el fin de conseguir que la relación entre Fitonovo y la agrupación quedara "oculta".

Por su parte, Rodríguez Blanco está imputado por administrar la sociedad limitada Reyes y Doblas, que habría elaborado inflado o falseado facturas por servicios inexistentes para nutrir la 'caja B' de Fitonovo y permitir así que esta compañía tuviera efectivo suficiente para financiar los "cohechos" que realizaba a diferentes autoridades y funcionarios públicos.

"ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

La red estaba encabezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael González Palomo; su hijo, José Antonio González Baró, que asumió el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, Ángel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andrés Brugueras. Los cuatro constituyeron "una organización criminal" dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de "dádivas" en forma de dinero y regalos como móviles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma de viviendas.

Entre los cargos públicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido 155.000 euros para la formación --70.000 de ellos en una caja de zapatos-- a cambio de la instalación de césped artificial en once campos de fútbol en la ciudad. También están imputados los exportavoces municipales de la coalición en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García.

También se investiga al exconcejal de Vía Pública de la capital hispalense Manuel Gómez Lobo (PSOE), que pidió como compensación a una adjudicación la remodelación de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez, también socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez Martínez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos serían constitutivos indiciariamente de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos". En total, hay 96 imputados.

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