Entes de DDHH y la defensa de Milagro Sala piden que se confirme la prisión domiciliaria

La defensa de Milagro Sala y organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Buenos Aires que la Justicia de la norteña provincia argentina de Jujuy, donde está detenida la activista desde enero de 2016, confirme la prisión domiciliaria que un juez le otorgó este miércoles.

En una conferencia de prensa convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, una de las abogadas de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, indicó que la vida de su defendida “corre peligro” en prisión y responsabilizó al Gobierno de Jujuy, que, a su juicio, “forma parte del mismo frente del presidente Mauricio Macri”.

Todos los allí presentes reiteraron su pedido de que el juez Pablo Pullen Llermanos -quien procesó a Sala por supuesto encubrimiento de un asesinato ocurrido en 2007- confirme la decisión del magistrado Gastón Mercau de otorgarle la prisión domiciliaria a la diputada kirchnerista del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera “medidas alternativas” a su detención preventiva, Mercau dispuso ayer dicha medida, pero en un inmueble que, según su abogada, “no tiene luz, gas ni agua corriente”.

En ese sentido, alegó que el domicilio que debió haber sido señalado por Mercau es en el que Sala vivía junto a su esposo, pero el juez lo descartó porque, según Gómez Alcorta, “la presencia de Milagro molestaría a los vecinos”, y por lo tanto, eligió un inmueble más alejado de San Salvador, la capital jujeña.

Aún así, la abogada insistió que trabajará para obtener la domiciliaria porque habló con Sala y ella le dijo que no necesita “un colchón ni una canilla” porque “la prioridad” es salir de la cárcel.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, calificó Alto Comedero, la prisión donde permanece presa Sala, como “alto sufridero”, y señaló que hay “una competencia” entre los jueces Pullen Llermanos y Mercau para ver “quién la fastidia más”.

La representante de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, dijo que Sala “tiene que ir a su casa, porque la prisión es domiciliaria, es decir a su domicilio y no a esa pocilga”, en relación al inmueble que aprobó el juez Mercau.

Finalmente, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano, cerró la conferencia de prensa bajo la consigna “libertad a Milagro Sala ya”.

Sala, integrante del opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista), está en prisión preventiva por presuntos delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita, y su detención es muy cuestionada por agrupaciones políticas de la oposición y organismos sociales y humanitarios en Argentina, que la consideran una presa política.

También por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la CIDH, de la que el pasado junio viajó hasta Jujuy una delegación para comprobar el estado en el que se encuentra la activista.

La investigación contra Sala apunta al presunto manejo irregular de fondos que con el fin de construir viviendas sociales concedió el Estado -durante el kirchnerismo (2003-2015)- a la Tupac Amaru, un movimiento entre cuyos objetivos se encuentra la construcción de infraestructuras para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina, considerada la más pobre del país.